La Legislatura provincial aprobó el Presupuesto General para el año 2026, en una sesión conducida por su presidente, Miguel Acevedo. El monto total asciende a $4,9 billones y recibió el respaldo del bloque peronista, junto con un apoyo parcial de los sectores opositores, quienes lo consideraron un instrumento indispensable para la gestión de gobierno. Sin embargo, la discusión parlamentaria estuvo dominada por las objeciones de los legisladores opositores al justicialismo, quienes cuestionaron la extensa transferencia de atribuciones al Poder Ejecutivo, la escasa transparencia en el manejo de fondos de las comunas rurales, la omisión en el tratamiento de la Cuenta de Inversión y el incremento estimado de la carga impositiva. Según sus argumentos, estos factores debilitan sustancialmente el control que debe ejercer el cuerpo legislativo.
El diputado Carlos Gallia, miembro informante del oficialismo y presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, expuso los lineamientos centrales de la ley, subrayando que su elaboración se basó en las proyecciones nacionales de un crecimiento real del PIB del 5% y una inflación del 10,1%. Gallia remarcó que el objetivo del presupuesto es afianzar la estabilidad fiscal, anticipando un superávit financiero de $708 millones.
El gasto total fue establecido en $4,981 billones, lo que representa un aumento del 46,1% respecto al ejercicio 2025. La composición de los recursos evidencia una marcada dependencia de las transferencias nacionales, las cuales constituyen el 68,48% del total, siendo la Coparticipación Federal la fuente principal, con un estimado de $3,074 billones.
En lo referente a la distribución del gasto, la bancada oficialista puso el acento en la prioridad asignada a áreas fundamentales para el desarrollo provincial, tales como Educación y Cultura, Salud y Seguridad.
Gallia también hizo mención al plan de obras públicas provincial, que alcanza los $385.000 millones, equivalentes al 7,74% del gasto total.
Carlos Gallia.
Una de las críticas más enfáticas de la oposición se focalizó en la amplia delegación de competencias al Poder Ejecutivo, lo que, a su juicio, convierte al presupuesto en un documento sin fuerza efectiva, sujeto a la discrecionalidad del gobernador Osvaldo Jaldo. El legislador Claudio Viña, autor de un dictamen en minoría, sostuvo que si bien el presupuesto «aparece equilibrado y es bastante sustentable», no se trata de una «fotografía» estática, sino de una «película» en movimiento. «El problema aquí es que quien la mueve es Jaldo», afirmó Viña, refiriéndose a que las facultades otorgadas al Ejecutivo neutralizan el papel del Legislativo.
El parlamentario señaló que estos artículos «permiten, entre otras cosas, al gobernador, con poderes amplios, extraer créditos presupuestarios de un área y transferirlos a otra». Añadió que estas delegaciones, contenidas en más de una decena de artículos objetados, incluyen la peligrosa facultad de contraer deuda. En este sentido, el texto autoriza al Poder Ejecutivo a tomar préstamos transitorios por hasta el 10% del gasto anual total ($498.000 millones) y a contraer préstamos subsidiarios por un monto de hasta 250 millones de dólares, con garantía de la coparticipación.
El diputado Agustín Romano Norri (Movimiento Radical Tucumán) manifestó que, pese a acompañar la aprobación en general, «sigo oponiéndome a las facultades delegadas» y destacó que ceder estas atribuciones compromete «el sistema de pesos y contrapesos que tiene la República».
Otro punto de fuerte controversia durante el debate fue la proyección de recaudación tributaria propia. El presupuesto estima un incremento del 119,6% en comparación con el presupuesto inicial de 2025. La oposición interpretó esta cifra como un indicio de una «elevada presión tributaria» que afectará negativamente al sector privado.
Claudio Viña.
José Macome (Compromiso con la Lealtad) indicó que el aumento del 119,6% representa «una expansión agresiva de impuestos indirectos como ingresos brutos y sellos, que impactan de manera regresiva sobre los sectores medios, pequeños comerciantes y trabajadores». En particular, Macome denunció que el Impuesto de Sellos se cuadruplica, pasando de 45.000 millones a 180.000 millones. En la misma línea, Raquel Nievas (Trabajando por Tucumán) expresó que le «alarma sobremanera» el incremento del 103% en ingresos brutos y del 300% en el impuesto al sellado.
Por su parte, Silvia Elías (Valores para Tucumán) agregó que el aumento en la recaudación tributaria provincial será del 84,46% (ajustado por la subestimación del año anterior) y advirtió que esto equivale a un «exprimidor eléctrico de los bolsillos flacos de los tucumanos». Además, criticó que el 76,4% de los ingresos propios provengan de Ingresos Brutos, al que calificó como «el más retrógrado de todos los impuestos». Asimismo, objetó que el presupuesto carece de una perspectiva de derechos humanos, señalando una «drástica disminución de las partidas destinadas a desarrollo social, que pasa del 5,48% al 4,03%». El republicano Ricardo Bussi coincidió, calificando la proyección de aumento del 119% como «absolutamente incompatible con los parámetros macroeconómicos» y señalando que la única explicación posible es que se realizará «mediante un impuestazo».
Por su parte, Gallia aclaró posteriormente que el 119% se mide contra el presupuesto histórico inicial, pero que si se toma la proyección de ejecución al cierre de 2025, el incremento real será de un 21%.
Silvia Elías de Pérez.
La oposición también cuestionó la falta de revisión de los gastos anteriores. José Seleme (Avanza Tucumán) lamentó que el gobierno incumpla una vez más al no presentar la Cuenta de Inversión o rendición de cuentas, afirmando: «Quieren futuro sin mostrar el pasado. Así no funciona». Macome coincidió, señalando que el presupuesto se convierte en un «supuesto, de un supuesto, de un supuesto» hasta que no se trate la Cuenta de Inversión. El legislador José Cano (Radicalismo Federal) también se refirió al tema, destacando que el Tribunal de Cuentas emitió un dictamen desfavorable sobre la registración de recursos de jurisdicción nacional al 31 de diciembre de 2024.
Manuel Courel (Cambia Tucumán) y Seleme agregaron la subejecución de obras, un patrón que se repite: «solo el 30% de lo que se presupuesta por obra pública es lo que efectivamente se ejecuta», con Seleme acotando que en 2025 se contempló un 9% y se ejecutó aproximadamente el 4%.
El punto más conflictivo del debate giró en torno al Artículo 9 y a la exclusión de las comunas rurales del cumplimiento de la Ley de Administración Financiera (LAF), calificada por varios legisladores como un «agujero negro».
Viña denunció que la exención de la LAF para las comunas convierte a estas jurisdicciones en «93 pozos negros del dinero de los tucumanos». Silvia Elías hizo eco de esta crítica, señalando que la LAF debe respetarse por la transparencia de los actos de gobierno y porque su incumplimiento abre la puerta a la discrecionalidad. Además, citó informes del Tribunal de Cuentas que advierten que las comunas rurales llevan «registros contables precarios sin tener un sistema contable que permita obtener información confiable, precisa, oportuna».
Carlos Gómez.
Desde la bancada oficialista, el legislador Carlos Gómez, representante del interior, rechazó las acusaciones de falta de control y la denigración hacia los comisionados comunales. Gómez sostuvo que el Tribunal de Cuentas realiza auditorías y que el interior experimenta una reactivación constante con obras de infraestructura.
En defensa de la gestión en el interior, Gerónimo Vargas Aignasse explicó que la inversión en las comunas es una decisión política fundamental para dar «igualdad de oportunidades a todos los tucumanos». Vargas Aignasse justificó la inversión alegando que «para el gobierno de Javier Milei la obra pública no es una política de estado» a nivel nacional, por lo cual la provincia debe garantizar esos recursos.
La oficialista Carolina Vargas Aignasse destacó el trabajo de la Comisión de Hacienda y el contraste con la situación nacional, que opera con un presupuesto reconducido que genera «gran imprevisibilidad y falta de control». En cambio, Tucumán ha realizado una «administración ordenada» con crecimiento sostenido en áreas esenciales. Resaltó el incremento porcentual de las partidas en Seguridad, Salud y Educación de 2023 a 2026.
En el marco de la modernización, Gallia y Vargas Aignasse defendieron la creación del Fondo de Tecnología para la Modernización y Transformación Digital del Estado Provincial, que se financiará con el 1% del Impuesto a los Sellos. La oposición (Viña, Bussi