Con un acto que consolida el poder de los grupos económicos tradicionales sobre la supervivencia de los más vulnerables, el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán sancionó un proyecto de regulación para las plataformas de transporte que, lejos de ordenar el caos, institucionaliza una injusticia: perjudica a miles de trabajadores informales que dependen de aplicaciones como Uber Moto para sobrevivir, mientras allana el camino para un salvavidas económico a los empresarios de colectivos, un sector en colapso por su propia ineficiencia.
Esta decisión política ignora por completo la cruda realidad laboral que el propio diario La Gaceta documentó el 21 de agosto de 2025. En esa nota, titulada “La crisis de los colectivos y el auge de Uber Moto: la lucha por moverse en una provincia colapsada”, el medio exponía el corazón del conflicto: para miles de tucumanos, subirse a una moto no es una elección de comodidad, sino una cuestión de necesidad económica frente a un mercado laboral formal inexistente.
La regulación que desregula vidas
El testimonio de Leonardo, de 50 años, citado en aquella investigación, es el espejo de miles: “Un gastronómico trabaja 12 horas para ganar $15.000, mientras que como chofer, en ocho horas, se consiguen $32.000”. La nueva ordenanza, con sus requisitos burocráticos, restricciones geográficas y la amenaza latente de una persecución inspectora, no busca proteger a este Leonardo. Busca ponerle tantos obstáculos que su “herramienta de trabajo”, como la definen los propios motoqueros, deje de ser viable. Se legisla para sacar de la calle a quienes el sistema formal expulsó.
El salvataje encubierto al transporte en crisis
Mientras se asfixia a la competencia emergente, el Concejo simultáneamente avala el aumento de la tarifa del boleto de colectivo. Esta es la otra cara del mismo acuerdo: beneficiar a un sector empresarial que, según los datos incontestables de la misma nota de La Gaceta, se derrumba. Las cifras son elocuentes: la venta de boletos a tarifa plena (los que la gente paga por voluntad propia) cayó un 41,4% entre octubre de 2024 y junio de 2025. En 2014, se vendían 540,000 pasajes con la misma cantidad de unidades; hoy, esa cifra se redujo a una fracción.
Los concejales, en lugar de exigir un servicio de calidad que recupere pasajeros, optan por la vieja receta: eliminar la alternativa y luego aumentar el precio del monopolio remanente. El argumento de los empresarios, también reflejado en el artículo, es una amenaza: sin colectivos, los precios de las apps se dispararían. La solución del Concejo no es mejorar los colectivos, sino regular para que esa amenaza no se materialice, garantizando así la rentabilidad de un sistema deficiente a costa de limitar la opción más dinámica y demandada.
La hipocresía del control y la batalla que viene
La ordenanza se viste de “seguridad” y “marco legal”. Pero, como también revelaba el reportaje de agosto, el problema real es la crisis estructural de un transporte público abandonado a su suerte, que aceleró un cambio de hábitos “ya irreversible”. La regulación no soluciona el caos vial; lo burocratiza. Y al hacerlo, entrega a los siempre cuestionados agentes de control municipal un arma poderosa para la persecución, sentando las bases para una batalla callejera entre el Estado recaudador y una masa de trabajadores sin otro lugar adonde ir.
El Concejo de San Miguel de Tucumán tuvo la oportunidad de crear una regulación inteligente que integrara a miles de trabajadores a la economía formal mientras se reformaba un sistema de transporte público obsoleto. En cambio, eligió la fórmula más rancia: castigar a los que se ingenian un trabajo digno y rescatar, con dinero del usuario, a los que fracasaron en prestar un servicio esencial. Sancionó, en definitiva, la ley del más poderoso.