Con el gesto autocomplaciente de quien cree haber hecho una gran obra, el presidente del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, Fernando Juri, salió a explicar la nueva ordenanza para regular las plataformas de transporte. Lo hizo apelando a las más rancias costumbres de la casta política: anunciar con pompa una regulación para una actividad que, en la práctica, funcionaba de manera más eficiente y resolutiva que la mayor parte del Estado Municipal. Juri, un nombre antiquísimo en el privilegiado círculo de esa misma casta, presentó no una solución para los usuarios, sino un manual de control, tasas y futuros conflictos.
Mientras la ciudad sufre un colapso de movilidad, el Concejo, tras «meses de discusión», produjo un dictamen que Juri califica de «prácticamente unánime». Esa unanimidad no es un signo de calidad, sino de la homogenización de una política que siempre prioriza el intervencionismo sobre la facilitación. Se regula no para mejorar un servicio, sino para domesticarlo y extraerle renta.
La gran mentira del impuesto que «paga la plataforma»
Con una retórica engañosa, Juri fue tajante: «El chofer no tributa. El que paga es la plataforma». Esta afirmación es una falacia económica elemental. Cuando se grava a una empresa con un impuesto como el TEM (1,25%), ese costo es un gasto más que se incorpora a su estructura. A mediano y largo plazo, las plataformas no absorberán ese costo de manera caritativa. Lo trasladarán de dos formas inevitables: reduciendo el porcentaje que le pagan a los conductores (golpeando aún más sus ingresos) o aumentando la tarifa final para el usuario. La promesa de que el contribuyente final no pagará más es un espejismo que solo sirve para el anuncio de prensa. En la realidad, la clase trabajadora que depende de este servicio terminará financiando, una vez más, con su bolsillo.
La «habilitación» a los inspectores y la batalla que se viene
El proyecto no solo crea impuestos, sino una maraña de requisitos: titularidad del vehículo, seguros específicos, carnets. Esta burocracia no tiene como principal objetivo la «seguridad del usuario», sino crear las condiciones para una cacería. Es una habilitación expresa para los siempre polémicos agentes municipales de tránsito, cuyo historial de corrupción y abuso es de dominio público. Con una ordenanza llena de tecnicismos, se les da la herramienta perfecta para perseguir, multar y secuestrar motos, extorsionando a conductores que, en su inmensa mayoría, son trabajadores informales. Esto no derivará en «orden», sino en una batalla en las calles entre una fuerza municipal desprestigiada y miles de personas luchando por no quedarse sin su fuente de trabajo.
El doble estándar: subsidio para los amigos, regulación para los rivales
El cinismo del proyecto se completa al ver el otro ítem de la sesión: el aumento del boleto de colectivo a $1.250. Juri lo justifica con la inflación, pero admite que la calidad del servicio «no es la ideal». Es el resumen perfecto: para el transporte tradicional, empresarios amigos y sindicatos duros, hay aumento tarifario, saneamiento de deudas y promesas de control blando. Para la competencia innovadora y autogestionada por los pobres, hay impuestos, burocracia asfixiante y amenaza de persecución.
Fernando Juri y su concejo unánime creen estar legislando para el futuro. En realidad, están aplicando el manual más viejo y fracasado: el del Estado que no sabe proveer servicios, pero es experto en poner palos en la rueda a quienes, con su propio esfuerzo, logran hacerlo. Regulan la eficiencia para proteger la ineficiencia. Es la casta, una vez más, defendiendo sus privilegios.
El eterno contraste entre los trabajadores y la casta política, dentro y fuera del Concejo.
