Un cargo fiscal por un monto de $67.134.189,10 fue impuesto por el Tribunal de Cuentas de Tucumán al actual delegado comunal de Los Sosa, José «Pepilo» Albarracín, y a Ramón Soria, quien se desempeñó como secretario habilitado, tras verificarse incumplimientos en la rendición de cuentas y detectarse importantes sumas sin justificar en diversos Comprobantes de Observación del ejercicio 2018.
Según pudo conocer Tendencia de Noticias, la decisión quedó formalizada mediante el Acuerdo N° 5477, fechado el 2 de diciembre de 2025, documento en el cual el organismo fiscalizador establece la responsabilidad patrimonial de los funcionarios comunales y dispone que la cifra deberá ser actualizada hasta el momento de su efectivo pago.
Las observaciones que originaron los cargos fueron identificadas en los CO N° 63, 106 y 204, donde se encontraron montos pendientes de aprobación que superaban los $35 millones correspondientes al período 2018, cuando «Pepilo» Albarración (quien aparece en la imagen junto al gobernador Osvaldo Jaldo) ya estaba al frente de la administración comunal.
El expediente, que lleva la rúbrica del presidente del Tribunal de Cuentas, Miguel Chaiben Terraf, junto a las de los vocales Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal, detalla que las irregularidades comprenden pagos carentes de apropiada justificación, documentación insuficiente y operaciones financieras sin el debido respaldo documental.
El organismo de control enfatizó en su resolución que la ausencia de rendición de cuentas constituye en sí misma una violación normativa que implica responsabilidad patrimonial para los funcionarios responsables, especialmente cuando se trata de sumas considerables que afectan directamente al tesoro público.
Reducción parcial del cargo fiscal
El Tribunal de Cuentas señaló en el documento que la sanción económica inicial, establecida en 2023 y que inicialmente excedía los $123 millones, fue posteriormente disminuida tras evaluar un recurso interpuesto por Soria. Esta rebaja se fundamentó en que algunas de las observaciones presentaban un carácter meramente formal, particularmente aquellas relacionadas con la falta de firmas en comprobantes de sueldos o con servicios que efectivamente fueron prestados.
Los magistrados precisaron que en tales situaciones no se configuraba un perjuicio real al patrimonio estatal, por lo que correspondía descontar esos importes siguiendo criterios establecidos en fallos precedentes.
A pesar de esta reducción, y luego de aplicar los ajustes correspondientes conforme a la tasa activa del Banco Nación, el monto final a restituir excede considerablemente los $67 millones, suma que tanto Albarracín como Soria deberán reintegrar solidariamente al erario público con recursos propios.
La disposición también ordena al Departamento Judicial proseguir con las gestiones necesarias para el cobro o ejecución del cargo fiscal, designando como instructor al Dr. Bernardo Colombres.
Con este pronunciamiento, el Tribunal de Cuentas culmina una fase del procedimiento iniciado en 2021 y ratifica la obligación de los funcionarios involucrados de responder por los recursos no justificados ante el organismo provincial de control.