Una investigación por presunta extorsión puso en el ojo de la tormenta a efectivos policiales de Famaillá. La causa se inició luego de que una mujer denunciara un allanamiento en su vivienda sin que se exhibiera una orden judicial, según su relato, lo que dejó al descubierto una serie de maniobras irregulares, solicitudes de dinero y un operativo que, de acuerdo a la hipótesis de la fiscalía, habría sido armado para ejercer presión económica sobre una familia.
El conflicto estalló cuando una vecina afirmó que un grupo de uniformados ingresó a su hogar buscando a un individuo apodado “Pañal”, identificado como Cristian Daniel Gómez, quien era investigado por un delito de hurto simple. No obstante, los registros oficiales indican que Gómez ya había sido arrestado ese mismo día en otro domicilio, por orden del juez Marcos Núñez Campero. A pesar de ello, el procedimiento continuó en su casa sin que —según su versión— se presentara la orden judicial ni se explicara la presencia de los agentes.
Durante el registro, uno de los efectivos entró al baño portando una riñonera y realizó movimientos que generaron desconfianza. El esposo de la denunciante gritó que le estaban “colocando algo”, lo que desató un intercambio de insultos. Para la mujer, ese momento marcó el comienzo de un operativo fuera de la ley que después se transformó en exigencias de dinero.
Manifestó que el comisario al mando le exigió cinco millones de pesos para no agravar la situación legal de su pareja; ante su rechazo, habría reducido el monto a tres millones. De acuerdo a la denuncia, incluso llegó a proponer que el hombre debía “vender droga” para él si quería eludir futuros problemas.
Las acusaciones no se limitaron al pedido de dinero. La mujer declaró que durante el allanamiento desapareció un arma de fuego registrada a nombre de su pareja, pistola que nunca fue recuperada. Para la Justicia, este aspecto es uno de los más delicados: la supuesta retención del arma y la presión económica conforman un escenario que, de corroborarse, empeoraría la situación de los implicados.
A la denuncia se sumó el testimonio de un vecino que grabó a escondidas parte del intercambio en el que la mujer entregó uno de los pagos solicitados. Los 16 videos, diez capturas de pantalla y varios audios presentados a la Fiscalía se convirtieron en evidencias claves del caso. En una de las grabaciones, la abogada que inicialmente representaba a la denunciante aparece dando instrucciones sobre la entrega del dinero; en otra, el comisario evade referirse al arma supuestamente retenida.
La seriedad de los hechos motivó un allanamiento al jefe policial denunciado. El juez Mario Velázquez autorizó la medida, aunque señaló que la requisitoria había sido firmada por un auxiliar fiscal, recordando que la Constitución provincial prohíbe delegar funciones esenciales del Ministerio Público Fiscal. Esta observación abrió un debate institucional paralelo dentro de la causa.
El registro en la vivienda del comisario incorporó más elementos de interés: dos notebooks halladas en la sala, siete pendrives en un escritorio, cinco celulares en el dormitorio principal, una CPU en el pasillo, otro teléfono dentro de un Fiat Cronos del jefe policial y cinco pendrives adicionales en un segundo vehículo.
También se contabilizaron $ 8.783.000 en efectivo, aunque la documentación oficial indica que el dinero no fue incautado: por disposición del auxiliar fiscal, fue devuelto en el acto.
La investigación ahora se centra no solo en determinar si existió extorsión, sino en establecer si funcionaba un esquema policial paralelo, con prácticas al margen de la legalidad. Hasta el momento, ninguno de los efectivos involucrados fue detenido, pero el análisis de los dispositivos electrónicos y del DVR secuestrado podría definir el futuro del expediente.
Mientras la causa avanza, tanto el Ministerio de Seguridad como el Ministerio Público Fiscal se abstuvieron de realizar declaraciones. El silencio oficial incrementa las dudas sobre un caso que ya provocó conmoción interna y promete develar el funcionamiento interno de una estructura policial ahora bajo escrutinio judicial.