El legislador Agustín Romano Norri apeló la sentencia de la jueza federal María Servini, que había rechazado la demanda contra la intervención de la Unión Cívica Radical en Tucumán. El conflicto por la conducción del partido podría escalar a la Cámara Electoral Nacional.
Romano Norri sostiene que la intervención dispuesta el 11 de marzo por la mesa directiva del Comité Nacional de la UCR debe anularse por vicios de forma. La medida designó como interventores a Hernán Abel Rossi y Jorge Raúl Rizzotti. Según el legislador, el órgano que tomó la decisión carecía de facultades estatutarias para intervenir el distrito tucumano.
Este litigio judicial se desarrolla en un contexto de reordenamiento interno del radicalismo local, luego de que su referente, Roberto Sánchez, no lograra renovar su banca como cabeza de lista en las últimas elecciones. En paralelo, varios dirigentes radicales han establecido acercamientos a La Libertad Avanza.
Uno de ellos es Mariano Campero, colega de Sánchez en Diputados, quien se integró al bloque libertario. Tanto Campero como Romano Norri apoyaron al candidato opositor Luis María Díaz Augier en Alberdi, quien fue derrotado por el oficialista Bruno Romano.
La pregunta que surge es si esta alianza consolida un espacio que dispute la conducción del radicalismo con Sánchez y con otros referentes, como los legisladores José Manuel Cano y Silvia Elías de Pérez.
Mientras tanto, el intendente radical de Concepción, Alejandro Molinuevo, mantuvo reuniones con el presidente de LLA en Tucumán, Lisandro Catalán, lo que abre interrogantes sobre posibles acuerdos políticos.
En el ámbito judicial, Servini fundamentó el rechazo a la demanda al considerar que los argumentos de la intervención no eran irrazonables y que no se verificaba ilegalidad en la medida. Romano Norri apeló el fallo y busca que la Cámara Electoral Nacional resuelva el conflicto. Advirtió que, de ser necesario, llevará el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.