“No habrá cambios en la fuerza”, aseguró Eugenio Agüero Gamboa, ministro de Seguridad, tras una jornada marcada por dos nuevos hechos de corrupción que involucran a jefes policiales. La declaración puso fin a un día cargado de tensiones y rumores de renuncias que finalmente no se concretaron. Sin embargo, nadie puede garantizar qué sucederá a medida que avancen las investigaciones.
Con la salida del sol, decenas de efectivos realizaron una quincena de allanamientos en viviendas de comisarios y civiles. La fiscala Mariana Rivadeneira había solicitado las medidas tras recibir una denuncia el lunes. Efectivos de la Unidad Regional Norte, ya investigados por utilizar presos y agentes en la construcción de la vivienda del ex comisario Gustavo Beltrán, volvieron a ser señalados.
La denuncia
Una mujer, cuya identidad se mantiene en reserva por seguridad, se presentó en Tribunales para relatar que organizaba fiestas en Lomas de Tafí, Tafí Viejo y Yerba Buena. Explicó que, desde noviembre del año pasado, personal superior de la URN le exigía dinero para permitir que los eventos se desarrollaran sin inconvenientes. Aceptó pagar entre $800.000 y $1 millón cada sábado.
Cuando se negó a abonar, los denunciados realizaban operativos sorpresa en las inmediaciones o ingresaban directamente a los lugares para detener asistentes. La mujer, expareja de un oficial cuestionado por sus vínculos con un supuesto narco, afirmó que la persecución policial la llevó a la quiebra.
Este año, según fuentes judiciales, la denunciante cambió de estrategia y comenzó a utilizar el nombre de su madre para organizar los bailes. Al descubrirlo, los uniformados habrían elevado la exigencia a $1,5 millones. Ante esta presión y la confirmación de que Beltrán y otros funcionarios de la URN habían sido procesados, decidió formalizar la denuncia.
La teoría
La mujer presentó evidencias que respaldan sus dichos, incluyendo capturas de pantalla de mensajes con comisarios y comprobantes de transferencias bancarias. Uno de esos pagos, según pudo conocer LA GACETA, habría sido dirigido a la cuenta donde percibe su sueldo uno de los comisarios denunciados.
La fiscala estima que podría existir una red de corrupción mediante la cual comisarios de distintas dependencias cobraban sobornos que luego entregaban a sus superiores.
La representante del Ministerio Público no descarta que surjan nuevas denuncias una vez que el caso se haga público. Rivadeneira ordenó los allanamientos para secuestrar los celulares de los implicados, donde espera encontrar las pruebas que sostengan su hipótesis. Hasta el momento, no ha procesado a ninguno de los señalados.
Los nombres de los efectivos allanados permanecen en reserva. Entre ellos aparecen Beltrán –quien cumple prisión preventiva en el penal de Benjamín Paz–, su segundo Sergio Juárez y Walter Colombres, recientemente designado como segundo jefe de la URN.
Entre los denunciados también figurarían varios de los mencionados en el Caso Gargiulo, involucrado en una detención irregular por venta de drogas.
También fue señalado Miguel Carabajal, titular de la ex Brigada de Investigaciones, a quien la denunciante acusó de ingresar ilegalmente a uno de sus bailes. No obstante, existen actas oficiales que documentan el procedimiento, donde fueron aprehendidos dos acusados de robo. Anoche, las autoridades judiciales confirmaron que le habían devuelto el celular que le fue secuestrado.
“Esta es otra investigación que se inició por una denuncia en la que estaría involucrado personal de esa jurisdicción. No nos sorprende; entendemos que esto forma parte de la investigación que está desarrollando la Justicia. Vamos a colaborar”, explicó Agüero Gamboa.
El funcionario anticipó dos puntos clave: los ascensos quedaron suspendidos por el momento, y habría más efectivos implicados en irregularidades en la URN. Según trascendidos, serían 18 los comisarios observados.
El caso generó movimientos en la Casa de Gobierno. El ministro de Seguridad se reunió con el gobernador Osvaldo Jaldo, encuentro al que luego se sumó el jefe de Policía, Joaquín Girvau. Mientras tanto, circularon rumores sobre una posible renuncia de toda la plana mayor y sus reemplazantes, pero nada de eso ocurrió. “Hubo un respaldo a la fuerza y se analizaron los planes para fin de año y el refuerzo de operativos durante las vacaciones”, añadió el ministro.
Dos detenidos
Mientras Agüero Gamboa se reunía con los funcionarios, la Policía detuvo a Jorge Mastafá, comisario retirado y ex director de Tránsito de la Municipalidad capitalina, y al comisario Marcelo Soraire, ex jefe del destacamento policial de Casa de Gobierno y actual responsable de la dependencia de Tribunales. “Esta es una investigación en la que la Policía tuvo una activa participación. Es una prueba de que estamos en plena depuración. Vamos a apoyar a los buenos policías y perseguir a los que actúan fuera de la ley”, explicó Girvau.
Ambos quedaron detenidos por pedido del fiscal Diego López Ávila en una causa que lleva varios meses. Están acusados de integrar una asociación ilícita que usurpaba viviendas con problemas sucesorios o legales, para luego venderlas a terceros con documentación falsa.
Según la teoría del fiscal, los policías habrían cometido irregularidades en las investigaciones, como fraguar actas de constatación, presentar declaraciones de testigos falsos y filtrar información sensible sobre inmuebles y pesquisas.
Planteo compartido: piden la creación de Asuntos Internos
El legislador oficialista Gerónimo Vargas Aignasse y el radical José Cano reclamaron que se analicen los proyectos presentados para crear un departamento de Asuntos Internos en la Policía. Aunque existen diferencias entre las iniciativas, ambos coinciden en que debe estar a cargo de personal civil y no de uniformados, como ocurre actualmente.
“Es necesario cambiar el sistema de control porque desde hace años se dice que hay uno funcionando, pero no está logrando buenos resultados. No conozco que, por ejemplo, haya informes del patrimonio del personal”, explicó Cano.
“Necesitamos un cambio profundo en los sistemas de control a los hombres de la fuerza. Lo ideal sería que esté integrado por profesionales independientes que trabajen bajo la órbita del Ministerio de Seguridad”, destacó Vargas Aignasse.
Por su parte, el jefe de Policía Joaquín Girvau confirmó que actualmente existe un departamento que realiza esta tarea. “En nuestra gestión hemos separado más de 40 efectivos por casos que ellos investigaron. Creo que no hace falta crear un organismo de estas características, pero se lo puede mejorar al que está funcionando perfectamente”, finalizó.