Frente al cúmulo de pruebas presentadas por el Tribunal de Cuentas, el interventor de la Caja Popular de Ahorros, José César Díaz, ofreció una conferencia de prensa donde intentó desvincular al diputado Carlos Cisneros del organismo que controla desde hace 25 años, al tiempo que atribuyó las investigaciones a una «vendetta personal» del presidente del Tribunal de Cuentas, Miguel Chaiben Terraf.
La desesperada estrategia del distanciamiento
En su exposición, Díaz fue categórico al afirmar que Cisneros «no ocupa ningún cargo, no figura en ningún organigrama» de la Caja Popular, una declaración que contrasta con la realidad del poder que ejerce el diputado sobre la institución. Esta maniobra discursiva llega en el peor momento para Cisneros, quien enfrenta múltiples causas judiciales que comprometen su estructura de poder, incluyendo la investigación por asociación ilícita en el caso Vélez donde el juez Bernardo Lerario Babot lo identificó como «el de arriba» que daba órdenes a una red de operadores.
Las dos causas que no pudo explicar
El interventor intentó justificar las irregularidades en dos frentes:
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El desvío de mercadería: Sobre los $26 millones en mercadería del Ministerio de Desarrollo Social, Díaz no pudo precisar el destino final de los bienes, argumentando que era una práctica «habitual desde hace años». Sin embargo, omitió mencionar que su subinterventor, el legislador Hugo Ledesma -cuñado de Cisneros- enfrenta un Juicio de Responsabilidad precisamente por este caso.
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La deuda con Salud: Respecto a los $3.381 millones no transferidos al SIPROSA, Díaz calificó el cálculo como «una torpeza mayúscula», a pesar de que el Tribunal de Cuentas documentó el incumplimiento sistemático durante cuatro años críticos de emergencia sanitaria.
El contexto de abandono político
La defensa de Díaz se produce en un contexto de total aislamiento político de Cisneros. Tras la sesión legislativa donde apenas su cuñado Ledesma lo defendió y el gobernador Osvaldo Jaldo marcó distancia pública, el interventor aparece como el último funcionario en pie dispuesto a proteger los intereses del diputado bancario.
Su teoría de la «persecución personal» por un sumario antiguo involving a un familiar de Chaiben Terraf busca construir un relato de víctima que oculte la gravedad de las evidencias: desde los chats que comprometen a Cisneros en la manipulación de testigos hasta las transferencias millonarias no realizadas al sistema de salud.
La contradicción evidente
La afirmación de Díaz sobre la ausencia de vínculos entre Cisneros y la Caja resulta particularmente inverosímil considerando que:
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Los abogados Patricia Neme y Franco Venditti, implicados en la presunta asociación ilícita del caso Vélez, forman parte del staff legal de la Caja
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La denunciante en la causa contra los futbolistas es empleada de la institución
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Los allanamientos revelaron que la estructura de la Caja funcionaba como brazo operativo de la presunta red
Mientras Cisneros contrata al abogado mediático Fernando Burlando para librar una batalla en los medios, su interventor ensaya una defensa técnica que choca contra el muro de pruebas acumuladas por los organismos de control. La conferencia de Díaz, lejos de clarificar las situation, profundizó las contradicciones de una estructura de poder que muestra signos evidentes de descomposición ante el avance implacable de la justicia.
