El Tribunal de Cuentas de Tucumán expuso en sus últimos acuerdos una red extendida de irregularidades financieras en comunas rurales. Fondos sin justificar, rendiciones atrasadas y autoridades actuales y anteriores enfrentan sumarios y juicios de cuentas por millones de pesos que carecen de documentación adecuada. Este patrón de desorden administrativo se repite y se agrava desde los Valles hasta el Este provincial.
Santa Lucía se ubica como el caso más crítico. El organismo dictó tres acuerdos distintos en una semana, abarcando períodos desde 2021 hasta 2024. Incluyen un Juicio de Cuentas contra el excomisionado Roberto Barrera y su exsecretario Manuel Vega por no regularizar $2,5 millones de 2021, y dos Sumarios de Cuentas por más de $31 millones en 2024 y otros $2,5 millones de 2022. La acumulación interanual de observaciones involucra a tres gestiones diferentes.
En Soldado Maldonado, el Tribunal abrió dos sumarios sobre fondos de 2023 que suman casi $60 millones. Uno corresponde al sexto bimestre por $36,8 millones y otro al cuarto bimestre por $23,8 millones. Los procesos apuntan directamente a la gestión de ese año.
El Mollar recibió una conminatoria dirigida al comisionado Jorge Sebastián Cruz y a su secretaria Vera Olartes Medina. Deben presentar en 48 horas la documentación de dos comprobantes de 2023 que superan los $89 millones. El monto y el plazo perentorio colocan a la comuna en una situación límite.
Otra comuna con observaciones significativas es Santa Ana, donde se intimó al comisionado Sergio Romano a regularizar dos comprobantes de 2024 que totalizan $59,9 millones. Los montos, correspondientes a un año reciente, generan interrogantes sobre la capacidad administrativa actual.
En León Rougés y Santa Rosa, el Tribunal continuó un sumario por un comprobante del primer bimestre de 2024, con un saldo observado de $44,9 millones. Al no mediar un descargo suficiente, el proceso avanza sobre las autoridades responsables.
La lista de comunas observadas se extiende y confirma un problema de escala provincial. Incluye a Los Pérez con un sumario por $16 millones, Los Pereyra por $4,4 millones, y San José de La Cocha, con conminatorias y sumarios por fondos de 2022 y 2024. San Ignacio, Villa de Leales, Huasa Pampa y San Pedro de Colalao también tienen procesos activos, muchos de ellos contra exautoridades por comprobantes de 2021 que permanecen sin resolución.
Los acuerdos del Tribunal delinean un patrón recurrente: comprobantes sin respaldo, fondos no rendidos a tiempo, sumarios que trascienden distintas gestiones e intimaciones millonarias con plazos exiguos. La radiografía revela profundas debilidades en el eslabón más vulnerable de la administración pública provincial.
Más allá de las responsabilidades individuales, la magnitud del problema plantea una cuestión estructural sobre los mecanismos de control de los recursos públicos en las comunas y las garantías para la ciudadanía. En un contexto económico delicado, estos casos representan un potencial conflicto político y social, poniendo en tela de juicio la transparencia y la capacidad de gestión local. La discusión necesaria trasciende lo legal y administrativo para adentrarse en lo político: cómo controlar mejor, gestionar con eficacia y garantizar que el dinero público cumpla su destino en beneficio de todos los tucumanos.