La Legislatura de Tucumán aprobó este miércoles las expropiaciones necesarias para avanzar en la construcción del Acueducto de Vipos, una obra estratégica que promete transformar el abastecimiento de agua en el noroeste provincial. Con amplio respaldo político, la Cámara dio luz verde al pedido del Poder Ejecutivo para declarar de utilidad pública 18 fracciones de terrenos ubicadas en la nueva traza del acueducto y en predios donde se instalarán cisternas en Tapia y Villa Carmela.
La medida responde a la urgencia de liberar la traza para avanzar en la preadjudicación, un paso requerido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación. Las parcelas expropiadas abarcan 12 de los 54 kilómetros totales de la obra, cuya mayor parte ya fue cedida o se encuentra en caminos públicos. El proyecto demandará una inversión de $152,9 mil millones y beneficiará a unas 400.000 personas de Tapia, Tafí Viejo, Villa Carmela y el oeste de San Miguel de Tucumán.
Durante la sesión, el presidente de la comisión de Legislación General, Gerónimo Vargas Aignasse, destacó la trascendencia del emprendimiento. «Esta obra tiene aproximadamente cinco años de proceso, iniciada durante la gestión de Alberto Fernández e impulsada por Sisto Terán desde la Unidad Norte Grande. Ronda los 100 millones de dólares y cambiará el paradigma de desarrollo en el norte tucumano», señaló.
Vargas Aignasse explicó que el nuevo diseño contempla una toma subfluvial que actuará como filtro natural para evitar crecidas y mejorar la calidad del agua. «Será un cambio fundamental: la planta de tratamiento de Vipos entregará agua ya potabilizada, garantizando un metro cúbico por segundo», precisó.
El legislador también cuestionó la política nacional en materia de infraestructura. «Hemos cambiado de gobierno y este decidió que no habrá obra pública en Argentina. El ENOHSA llevó adelante más de 2.800 obras en la gestión anterior; durante Macri fueron 28 y con Milei, cero. No sé qué privado haría esta obra: si no la hace el Estado, no la hace nadie».
En la misma línea, Javier Noguera, exintendente de Tafí Viejo, recordó los años de gestiones previas. «Comenzamos a gestionarla hace seis años. Fue un proceso larguísimo, tedioso, muy empinado. A pesar de haber perforado ocho pozos en la última década, no fueron suficientes para cubrir la demanda del oeste tucumano. Esta obra no solo resuelve el presente, sino el futuro de nuestra comunidad».
La legisladora Carolina Vargas Aignasse también respaldó la medida. «Estas declaraciones de utilidad pública nunca estuvieron más fundadas. Es una obra de gran complejidad y altísimo costo, estructural para Tucumán», afirmó.
Desde la oposición, el legislador Walter Berarducci apoyó la iniciativa, aunque con críticas al manejo histórico de la infraestructura hídrica. «Esta obra viene a dar solución a un problema que también es producto del abandono. Hubo gobiernos anteriores que no le dieron mantenimiento al acueducto, generando pérdidas de un recurso esencial».
En respuesta, Vargas Aignasse coincidió parcialmente. «Es cierto, el acueducto viejo tuvo un deterioro importante. Pero además, el río Vipos cambió su ciclo en la última década debido a la deforestación y los cambios ambientales. Por eso este nuevo proyecto prevé una toma mixta para garantizar la captación permanente».
Por su parte, el legislador Tulio Caponio informó sobre el avance del proceso licitatorio. «El expediente se encuentra en la etapa de preadjudicación; unas diez empresas se presentaron. Es una obra de enorme impacto para Tafí Viejo, el norte y noroeste de San Miguel de Tucumán y localidades aledañas».
Finalmente, el taficeño Roque Álvarez, presidente de la bancada peronista, ponderó el valor histórico y social del proyecto. «Estamos hablando de una inversión de 100 millones de dólares en tiempos difíciles. No es solo una obra técnica, es salud y dignidad para cientos de familias que hoy esperan horas para juntar un balde de agua. Son obras que se hacen cada cien años».
Con la sanción de esta ley, el Poder Ejecutivo queda facultado a avanzar de manera inmediata en la posesión de los terrenos, gracias a la cláusula de urgencia expropiatoria incluida en el articulado. La medida permitirá destrabar una de las obras más significativas de los últimos años en materia de infraestructura hídrica, reafirmando la decisión del Gobierno provincial de sostener la inversión pública como motor de desarrollo.