Una segunda mujer fue imputada por su presunta participación en una red dedicada a la fabricación de certificados médicos falsos. La audiencia se desarrolló este lunes 10 de noviembre, a pedido de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, a cargo de Diego López Ávila.
La sospechosa, de 39 años, fue aprehendida el pasado sábado durante un allanamiento en su vivienda del barrio San Francisco, en la capital tucumana. En el procedimiento se secuestraron cinco sellos apócrifos y el teléfono celular de la imputada.
“En el domicilio se encontraron el celular de la imputada y cinco sellos apócrifos: del hospital Avellaneda, del Ministerio de Educación, de un CAPs, de una médica tocoginecóloga y de una directora de escuela”, detalló la auxiliar de fiscal, Daniela Briz Tomás. La fiscalía sostiene que con estos elementos se confeccionaban certificados médicos truchos, aptos físicos, formularios de Anses para planes sociales y fichas médicas escolares. “Claramente estamos ante una organización criminal”, afirmó la representante del Ministerio Público Fiscal.
A la mujer se le atribuye el delito de falsificación o adulteración de sellos, en calidad de presunta autora. La investigadora solicitó la prisión preventiva por 30 días para resguardar la causa. “No sólo hay víctimas como las doctoras, sino también instituciones públicas. La imputada, de quedar en libertad, puede destruir, modificar, suprimir o falsear elementos de prueba. Quedan varios consortes de causa que ni siquiera pudieron ser habidos en los domicilios denunciados”, argumentó Briz Tomás.
La defensa técnica se opuso al pedido y reclamó que se imponga el arresto domiciliario con pulsera electrónica. Tras un cuarto intermedio, el juez resolvió decretar la prisión preventiva, pero bajo la modalidad de arresto domiciliario. La auxiliar de fiscal adelantó que apelará esta resolución.
La teoría del caso indica que, durante el allanamiento del 8 de noviembre, se hallaron los sellos falsificados que la imputada habría obtenido de manera fraudulenta. El objetivo, según la investigación, era utilizarlos para la confección de documentación médica y administrativa adulterada.
