La Municipalidad de San Miguel de Tucumán solicitó formalmente a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) un informe detallado sobre las suspensiones de choferes dispuestas por las empresas de transporte urbano. La medida, ordenada por la intendenta Rossana Chahla, busca determinar si las empresas actuaron conforme a la ley al suspender a más de un centenar de trabajadores sin goce de sueldo.
El pedido fue realizado mediante una nota firmada por el secretario general municipal, Rodrigo Gomez Tortosa, quien requirió al gremio «remitir informe detallado respecto a cada uno de los trabajadores afectados por la medida de suspensión llevada a cabo por la AETAT, como así también copia de los telegramas mediante los cuales se los notificó».
La medida empresarial, implementada la semana pasada, había derivado en un paro de actividades que dejó sin servicio a miles de usuarios durante el jueves y viernes. En el escrito oficial, Gomez Tortosa remarcó que el objetivo del Municipio es verificar si los empresarios actuaron conforme a la normativa vigente.
En respuesta, el secretario general de la UTA Tucumán, César González, remitió el informe requerido, confirmando que 117 trabajadores fueron notificados de la suspensión de sus contratos laborales. «Ponemos en su conocimiento que esta entidad sindical ha tomado conocimiento de las comunicaciones cursadas a través de los trabajadores afectados, los cuales ascienden a 117», señaló González en la nota enviada este lunes al Municipio.
El dirigente gremial agregó que las copias de las notificaciones fueron adjuntadas al informe y que la organización sindical «ratifica su disposición a brindar la colaboración requerida» por las autoridades municipales.
Entre las cartas documento que recibieron los choferes -como la enviada por la empresa BYV Transportes SRL– se fundamentan las suspensiones en «la grave crisis que afecta al servicio público de pasajeros en el ámbito de la ciudad de San Miguel de Tucumán», alegando que la medida se adoptó «con el único objetivo de salvaguardar la fuente de trabajo». Según el texto, las suspensiones rigen desde el 6 de noviembre y por un plazo de 15 días sin goce de haberes.
La Municipalidad busca determinar si la decisión empresaria se ajustó al marco legal laboral y si los argumentos esgrimidos -relacionados con la crisis del sector y la falta de respuesta del poder concedente- son válidos para justificar las suspensiones sin salario.
