FORMOSA.- Las tareas se repiten cada día con la misma urgencia. Juntar leña en el monte para cocinar, acarrear agua desde aljibes distantes, salir a pescar o cazar cuando no hay dinero para comprar alimentos. Esta es la realidad cotidiana del pueblo nivaĉle, que desde los márgenes de la provincia, donde el asfalto y los servicios básicos son una promesa incumplida, lucha por su supervivencia y su futuro.
Mientras la provincia de Formosa reconoce formalmente a los pueblos Qom, Wichí y Pilagá, el pueblo nivaĉle lleva años reclamando una reivindicación histórica: ser visibilizados. Según el último censo de 2023 realizado por la Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo (APCD), unas 650 personas de esta etnia habitan en comunidades como Fwa´aicucat (Algarrobal), Tisjucat (Quebrachal), Nu´us t´iyojavte (Lamadrid), San José (Río Muerto) y San Miguel. El gobierno provincial declinó hacer comentarios al ser consultado para esta nota.
«Tienen una situación de invisibilidad», afirma Pablo Chianetta, integrante de APCD. «A pesar de lo que dicen muchos, el pueblo nivaĉle y sus comunidades todavía no están reconocidos formalmente con personería jurídica y tierras por la provincia de Formosa ni por el Estado nacional. Su territorio de ocupación quedó en medio de dos fronteras administrativas, y cuando se produjo la delimitación, ambos países dijeron que esa población le pertenecía al otro».
La crudeza de esta invisibilidad se materializa en la vida de personas como Marta Gómez. Bajo un sol abrasador, carga siete bidones de agua que suman 35 kilos sobre su cuerpo de 50. Camina 300 metros desde el aljibe comunitario de El Algarrobal, un asentamiento ubicado a pasos de la frontera con Paraguay. Lo hace dos veces al día. En su casa, construida con techo de lona y tierra, y paredes de frazada, vive con su marido y nueve hijos. «No hay comida», responde cuando se le pregunta si almorzaron. Tampoco tienen luz eléctrica. «Somos pobres», sentencia.
Organizaciones como APCD, el Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) y la Parroquia Nuestra Señora de la Merced de Ingeniero Juárez han acompañado a los líderes nivaĉle en presentaciones ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y el Instituto de Comunidades Aborígenes formoseño, sin obtener respuestas favorables. Recientemente, impulsaron una modificación en la reforma constitucional provincial para que se los incluyera expresamente. El único cambio fue simbólico: el artículo que reconoce sus derechos fue renumerado, sin alterar su contenido limitado.
«La situación del pueblo nivaĉle en Formosa es muy complicada hoy», explica Chianetta. «Al ser reconocidos, les daría la posibilidad de entrar en diálogo con un Estado silente, ausente, ciego y sordo».
Sergio Medina, referente de la Organización Comunitaria Nivaĉle (OCN), se muestra cansado de las promesas. «Siempre les decimos que no estamos en contra del gobernador y siempre lo votamos, pero cuando fuimos a presentar el papel del artículo 79 para el reconocimiento de los cuatro pueblos, nos rechazó. [Javier] Milei también nos rechazó a todos los del pueblo indígena. No podemos confiar en ninguno de los dos».
La tenacidad de su lucha se basa en la historia. «Unos antropólogos hicieron un estudio a una niña nivaĉle encontrada en 1896; sus huesos, depositados en el Museo de Historia Natural de La Plata, fueron devueltos a la comunidad San José en 2018. Esas son las raíces que nosotros tenemos para poder tener más fuerzas. Muchas veces el gobierno niega que los nivaĉle existen en la Argentina y esta es la prueba de que estábamos desde antes».
La comunidad de San José, en las afueras de Río Muerto, logró en 2012 una cesión de derechos sobre 20 hectáreas. Allí, unas 70 personas viven en casas humildes y dependen de que un camión municipal les acerque agua para llenar sus aljibes. Guillermo López, el cacique, observa cómo descargan el líquido vital. «Todos los materiales y la mano de obra con la que hicimos los aljibes son nuestros, no de los políticos. Al no tener agua, no podemos hacer la huerta ni trabajar con los ladrillos».
Su esposa, Florinda Servín, añora una perforación y más tierra. «Porque es muy chiquito el terreno y queremos que los nietos puedan tener sus casas cuando se junten. Ojalá podamos conseguir más tierras porque nosotros queremos trabajar en esta comunidad».
El camino hacia El Algarrobal es una travesía por un paisaje agreste, con la ruta provincial 86 de tierra y siete tranqueras que abrir y cerrar. En este asentamiento, fundado en 2007 tras limpiar el monte con machetes y hachas, reina un silencio profundo. Diez casitas, tres paneles solares para cargar celulares y alumbrarse de noche con fuego son su realidad. Para cruzar a Paraguay y visitar a familiares en la comunidad El Mistolar, solo deben caminar un kilómetro.
Simeón Pérez, el cacique, enumera las urgencias mientras un grupo de mujeres con polleras coloridas lo escucha. La falta de una escuela en la comunidad obliga a los niños a recorrer 7 kilómetros hasta Sauzalito. Los que terminan la primaria no tienen una secundaria cerca. La asistencia médica es una lotería. «Si tienen una emergencia, ¿qué hacen?», se le pregunta. «Es difícil. Llamé para que mandaran una ambulancia y me dijeron que no tenían gasoil. Otra vez, que el vehículo tenía problemas. Cuando la persona está muy enferma, no la podemos llevar. Esperamos a que se mueran. Ya pasó dos veces».
En una de las viviendas más precarias, Ceferina Pérez cocina sobre un fuego al aire libre. Su casa es una carpa con techo de silobolsa y paredes de frazada. Vive allí con su marido, Elías Campos, y su nieta de 4 años. Su hija, Santa, de 20 años, se fue a vivir a El Potrillo para poder asistir a la secundaria. Es la única alumna nivaĉle de su escuela. «Salgo con mi papá a las 7 de la mañana. Caminamos dos horas para llegar al río, cruzamos en canoa y después caminamos otras dos horas. Llegamos a las 12 del mediodía», relata la joven.
Para Elías, lo más duro es el clima. «Sufrimos el calor, el viento y la lluvia». Su dieta se basa en fideos, arroz y porotos. «Carne, nunca».
La exclusión adopta formas concretas. Dionel Pérez, un joven de 24 años, es indocumentado. «Me siento confundido», dice. No existe para el Estado, no puede votar, viajar en colectivo, abrir una cuenta bancaria ni acceder al sistema público de salud. «Nací en El Potrillo en mi casa. Mi mamá no tuvo el parto en el hospital». Aunque intentó tramitar su DNI en varios operativos, solo posee una constancia de trámite. Su madre, Rebeca Morales, explica por qué no fue al hospital: «Tenía miedo de que pasara algo en el parto. A veces escuchaba que sucedían cosas terribles, morir en el parto».
Chianetta destaca que, si bien la situación de Dionel es crítica, representa un avance. Un censo de 2019 reveló que el 35% de los adultos nivaĉle no tenían documento. «El avance vino cuando había que votar. Algunos punteros políticos pusieron sus recursos para que obtuvieran sus DNI por interés propio. Hoy solo el 4% de los adultos no lo tiene».
A pesar del aislamiento y la falta de reconocimiento, la esperanza persiste. Simeón Pérez sueña con proyectos de apicultura, avicultura y una máquina para hacer harina de algarroba. Sobre todo, anhela un futuro diferente para las nuevas generaciones. «Me gustaría tener un alumno que sea excelente y que pueda terminar todos sus estudios. Eso estamos esperando».
Cómo ayudar:
Las personas que quieran contribuir para mejorar las condiciones de vida de los nivaĉle de El Algarrobal y San José pueden comunicarse con Pablo Chianetta de APCD al +54 9 3704 71-9844, visitar la web de APCD, escribir al mail institucional [email protected] o donar directamente al alias JARRON.PARQUE.DATIL.
(la Nación)