Lejos de revertir con pruebas la escandalosa denuncia en su contra como jefe de una Asociación Ilícita, el diputado nacional Carlos Cisneros inició una monstruosa campaña de desprestigio contra el ministro fiscal de la provincia, Edmundo «Pirincho» Jiménez. El ataque del sindicalista bancario incluyó notas «sospechosas» en medios nacionales como Infobae o Radio Mitre.
Algunos distraídos periodistas nacionales (como Claudio Savoia), y otros no tan distraídos (como Eduardo Feinmann), se sumaron a la campaña sin conocer el trasfondo de las acusaciones a Jiménez, poniendo énfasis en una supuesta censura previa por la orden de un juez de frenar las supuestas falsas informaciones contra Jiménez.
Esta ofensiva en los medios de comunicación masivos aparece como la contracara de un terremoto judicial que sacude al diputado. Un una decisión histórica del juez Bernardo Daniel Lerario Babot, del Centro Judicial Capital de Tucumán, autorizó el allanamiento simultáneo de siete domicilios vinculados a una estructura que, según las pericias, operaba bajo su comando. La resolución (Legajo S-077592/2025), basada en conversaciones recuperadas con tecnología forense israelí (UFED) de los teléfonos de testigos, identifica a Cisneros como «el de arriba» que daba órdenes en una presunta trama de fabricación de pruebas en la causa por abuso sexual contra futbolistas de Vélez Sarsfield.
Los allanamientos se centraron en sus presuntos operadores: la abogada Patricia Neme (asesora legal de La Bancaria), testigos clave como Milagros Castellote –quien fue dada de alta como empleada en el Banco Macro el mismo día que declaró–, y el periodista Santiago Sheriff, lo que sugiere un brazo mediático de la red. El corazón de la prueba son chats donde se evidencia que Cisneros logró cambiar la fiscalía del caso y donde sus abogados planeaban «hacer pingo» (atacar) a una jueza por «órdenes de arriba».
La Contraofensiva Mediática de Cisneros
Frente a este avance judicial, Carlos Cisneros activó su segundo frente: un masivo aparato de comunicación. Desde sus portales Contexto y Enterate –que posee una de las nóminas de periodistas más grandes de un medio tucumano–, lanzó una contraofensiva. Allí, no solo negó las acusaciones, sino que invirtió los términos de la acusación, señalando al fiscal Edmundo «Pirincho» Jiménez como el verdadero artífice de una «asociación ilícita».
Cisneros afirmó que la denuncia en su contra era «absurda» y estaba «armada para desviar el foco», acusando a una estructura judicial liderada por Jiménez de llevar «décadas en los mismos sillones, armada por el poder político de [José] Alperovich».
La Acusación de Censura
El conflicto escaló aún más con una medida judicial que prohibió, por seis meses, a la programación del canal CCC criticar o cuestionar a fiscales y jueces provinciales. Cisneros denunció que esta restricción, ordenada por el juez subrogante Lucas Alfredo Taboada a pedido de la fiscalía, fue una maniobra de censura solicitada por el fiscal Daniel Esteban Sosa Piñero «a instancias del fiscal general Edmundo ‘Pirincho’ Jiménez».
Vinculó la censura a la cobertura del suicidio de Karla Robles, un femicidio que fue ignorado pese a ocho denuncias. «La Justicia no solo desatiende casos de violencia y femicidios, sino que además busca silenciar a los medios que denuncian estas irregularidades», declaró el diputado, presentándose como un defensor de la libertad de expresión.
Un Punto de Inflexión Histórico
La orden del juez Lerario Babot marca un hito al ser la primera vez que un magistrado provincial fundamenta una acusación de esta magnitud contra un diputado en ejercicio usando exclusivamente evidencia digital. La investigación expone cómo el sindicato La Bancaria y la Caja Popular de Ahorros –que Cisneros maneja desde hace 25 años y es el mayor aportante publicitario de medios como La Gaceta, LV12 y Los Primeros– habrían funcionado como el eje operativo de la presunta red.
Mientras Cisneros utiliza su poder de fuego mediático para definir la narrativa pública, la Justicia avanza con pruebas forenses que podrían llevar a su eventual desafuero y procesamiento. La guerra entre el diputado y el fiscal no es solo personal; es una pulseada por el poder en Tucumán que está dejando al descubierto las entrañas de sus instituciones. Por supuesto, toda esta campaña entre dos dirigentes del oficialismo provincial, es financiada con el bolsillo de los tucumanos.