Un abogado presentó una denuncia por la posible comisión de delitos vinculados a la creación y uso de esta moneda no oficial. Señala que se utiliza para pagar parte de los salarios a empleados municipales en negro y que obliga a comerciantes a aceptarla, generando perjuicios económicos.
El abogado Alfredo Aydar interpuso una denuncia en la Justicia Federal para investigar «la posible comisión de diversos delitos de acción pública» relacionados con la creación, emisión y uso de la moneda digital «Ferro», implementada por el municipio de Tafí Viejo. Según la presentación, esta iniciativa —lanzada en 2021 durante la gestión del entonces intendente Javier Noguera— carece de autorización del Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y el Ministerio de Economía.
En diálogo con FM La Tucumana 95.9, Aydar afirmó que el «Ferro» se utiliza para pagar parte de los salarios a «empleados en negro» del municipio. «Se les pagan 100.000 pesos en Ferro, además de un sueldo base de 330.000 pesos. Según nuestra investigación, previo a las elecciones, ese monto se incrementó en 70.000 pesos adicionales como ‘incentivo'», aseguró el letrado, quien vinculó el aumento con una posible intención de captar votos.
Aydar cuestionó el destino de los fondos reales sustituidos por la moneda digital: «Si son 3.000 empleados y a cada uno se le retienen 100.000 pesos, estamos hablando de 300 millones de pesos mensuales. ¿Qué pasa con esa plata?». Además, señaló que los comercios adheridos al sistema enfrentan demoras de hasta dos meses para cobrar las transacciones realizadas con Ferro, lo que genera importantes perjuicios económicos.
La denuncia, presentada tras una investigación que incluyó testimonios de empleados y comerciantes —cuyas identidades se preservan por temor a represalias—, también destaca la limitación geográfica de la moneda: solo puede utilizarse en establecimientos adheridos de Tafí Viejo, restringiendo su liquidez y utilidad para los usuarios.
El abogado relató que, durante su investigación, recibió respuestas negativas del Ministerio de Economía de la Nación respecto al conocimiento de la moneda, mientras que otros organismos no respondieron. Solicitó ser querellante en la causa y que la Justicia Federal requiera oficialmente informes a las entidades regulatorias.
Hasta el momento, el municipio de Tafí Viejo no se ha pronunciado sobre la denuncia. La causa avanza en los tribunales federales, donde se determinará la legalidad de esta moneda digital y su impacto en el sistema económico local.
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