El conflicto por el sistema de financiamiento podría escalar esta semana en San Miguel de Tucumán, con posibles suspensiones de servicios.
La Municipalidad de la Capital respondió con un duro rechazo al planteo de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (AETAT), calificando su nota como «falaz, improcedente y maliciosa», e intimándoles a cesar una conducta que tildó de «extorsiva». La crisis entre el sector y la intendenta Rossana Chahla amenaza con agudizarse en los próximos días.
El viernes pasado, la Fiscalía Municipal, a cargo de Conrado Mosqueira, emitió una respuesta formal a la solicitud de AETAT, que días antes había advertido sobre un «colapso inminente» del sistema y exigido una modificación en el modelo de financiamiento: pasar de un esquema por pasaje vendido a uno por kilómetro recorrido. Según la Intendencia, este reclamo vino acompañado de una amenaza velada de cortar el servicio si no se otorgaba un subsidio de $2.000 millones. Ante esto, el Ejecutivo municipal advirtió que presentará una denuncia penal por el delito de extorsión si los transportistas llevan adelante la medida de fuerza.
La Municipalidad recordó que la fijación de tarifas corresponde exclusivamente al Concejo Deliberante, según la Ordenanza N° 400/79 y la Ley Orgánica de Municipalidades. Además, señaló que la propia AETAT había manifestado en agosto que no reclamaría un aumento tarifario para «no expulsar más usuarios del sistema», por lo que tachó de «contradictorio» el actual reclamo.
En su respuesta, la comuna destacó las fallas estructurales del transporte: incumplimiento de recorridos, demoras excesivas y problemas de higiene y seguridad. Subrayó que estas deficiencias han impulsado el uso de plataformas digitales de movilidad como una alternativa para los vecinos. Respecto al sistema de concesiones, la Municipalidad aclaró que se trata de una situación heredada y no generada por la gestión actual. También defendió la implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) como un avance en transparencia y eficiencia, y rechazó que los programas como el Boleto Educativo Municipal (BEM) tengan fines políticos.
La respuesta municipal cayó con fuerza en el sector empresarial, que anunció que este lunes presentará su réplica formal. Fuentes de AETAT adelantaron que esta semana podría haber suspensiones y reducción de frecuencias para evitar el colapso del sistema, lo que marcaría un nuevo capítulo en este conflicto que parece lejos de resolverse.
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