La muerte de Karla Nahir Naomi Robles, una joven tucumana de 27 años, ha conmocionado a la provincia y reabierto un debate urgente sobre la respuesta del sistema judicial frente a la violencia de género. Karla fue hallada sin vida el 24 de octubre, tras sufrir durante tres años un calvario de hostigamiento, amenazas y acoso por parte de su expareja, Diego Zerda, a quien había denunciado en seis oportunidades.
Horas después de la tragedia, el hermano de la víctima, Nazareno, recibió un audio de WhatsApp que grafica el perfil violento del acusado. En el escalofriante mensaje de voz, Zerda, visiblemente enfurecido, lanza una serie de amenazas: “Tu hermana me empezó a bardear, me trató de flaco pipero. Tu hermana diez veces se ha querido quitar la vida. No vengas a querer echar la culpa acá. Si vos tocás a mi vieja o a cualquiera de mi familia te voy a descuartizar». Y agrega: «Yo ya no estoy en mi casa, ando en la sombra y te juro por Dios que no me vas a encontrar. Vos tocás a alguien de mi casa y yo te voy a descuartizar con la mano. Estate pillo. Estoy diez veces más loco que vos».
Este caso, sin embargo, no es un hecho aislado y evidencia falencias estructurales en el Poder Judicial tucumano. Un precedente trágico lo constituye el femicidio de Paola Tacacho, una joven profesora de inglés asesinada de 23 puñaladas por su expareja, Mauricio Parada, solo cuatro meses después de que el hombre fuera sobreseído gracias a la gestión del exjuez Pissa y a la defensa del abogado Juan Andrés Robles. La víctima había realizado 22 denuncias a lo largo de cinco años, sin que el sistema lograra protegerla.
La desesperación de la familia y la inacción del sistema llevaron a que la hermana de Karla, Angie Toledo, publicara un desgarrador reclamo en redes sociales que se volvió viral. “Venimos haciendo denuncias desde 2022 y no hacen nada. ¿Qué esperan? ¿Que siga haciendo más daño para meterlo preso?”, escribió, en un mensaje que fue replicado por miles de usuarios con los hashtags #JusticiaPorKarla y #NiUnaMenos.
El abogado de la familia, Augusto Avellaneda, detalló que se había solicitado en múltiples ocasiones la detención de Zerda, ya que la vida de Karla corría «peligro latente». Sin embargo, la única medida concreta fue una orden de restricción que el hombre violó constantemente. “Le dijo que si no se quitaba la vida, iba a matar a toda su familia”, relató el letrado, afirmando que esas amenazas estaban documentadas.
La familia de Karla, acompañada por una creciente ola de indignación social, convocó a una marcha bajo la consigna “No fue suicidio, fue violencia de género”. El caso de Karla Robles se ha convertido en un símbolo estremecedor de un sistema que, una y otra vez, le falla a las mujeres que acuden a él en busca de protección.
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