Comerciantes del Bajo tucumano acudieron a la justicia con audios, videos y transferencias que vincularían a la reconocida luchadora contra la trata con el cobro no autorizado de alquileres de propiedades estatales. La denuncia incluye presuntas represalias por disputas contractuales.
En un hecho que conmociona al ámbito social y judicial tucumano, un grupo de inquilinos se presentó este martes en el Juzgado Federal con un contundente cuerpo de pruebas que, según su denuncia, comprometería a Susana Trimarco en el manejo irregular de propiedades pertenecientes al Estado nacional.
Las pruebas presentadas
Los comerciantes, que alquilan un local en la zona del Bajo perteneciente a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), llegaron a los tribunales federales equipados con:
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Audios y videos que capturaron presuntas negociaciones
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Mensajes de WhatsApp que documentarían los acuerdos
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Comprobantes de transferencias bancarias que evidenciarían los pagos
Según los denunciantes, Trimarco habría cobrado por cuenta personal el alquiler de un local que pertenece al Estado nacional, utilizando presuntamente su posición para administrar el espacio sin la debida autorización oficial.
Antecedentes: de prostíbulo a centro de asistencia
Las propiedades en cuestión tienen un pasado oscuro: fueron recuperadas en octubre de 2023 en un operativo donde Gendarmería Nacional forzó los ingresos para encontrar evidencias de su uso como prostíbulos, vinculados a causas de trata de personas. El Tribunal Oral Federal dispuso entonces que estos inmuebles fueran administrados por la Fundación de Susana Trimarco para convertirlos en «espacios de asistencia a víctimas de trata».
El conflicto que destapó la situación
La situación actual gira en torno a un fuerte conflicto por aumentos de alquiler. Los comerciantes denuncian que Trimarco les propuso incrementar el canon de 3 a 6 millones de pesos mensuales. Ante su negativa y solicitud de plazos más extensos, aseguran haber sufrido represalias.
«Primero fue el aumento desmedido, luego vino la denuncia por venta de mercaderías ilegales y finalmente el allanamiento policial», relató Lidia Prado, una de las comerciantes afectadas, quien vinculó directamente la medida policial con la disputa contractual.
Contraste de imágenes
La situación presenta un crudo contraste: por un lado, la figura pública de Trimarco como emblemática luchadora contra la trata de personas y, por el otro, la denuncia de pequeños comerciantes que alegan estar siendo víctimas de presiones económicas y judiciales.
Futuro incierto
La presentación judicial ya fue formalizada y queda ahora en manos del fuero federal determinar si existió efectivamente un delito en la maniobra denunciada. Mientras tanto, el caso expone las complejidades que pueden surgir cuando organizaciones de la sociedad civil asumen roles de administración de bienes públicos.
Lo que comenzó como una noble causa -la recuperación de propiedades vinculadas a la trata para destinarlas a ayudar a las víctimas- se encuentra ahora en el centro de un escándalo judicial que promete seguir generando repercusiones en los próximos días.