Mediante un proyecto de ley, el Ejecutivo provincial busca declarar de «utilidad pública» 18 terrenos privados, habilitando su confiscación y eludiendo procedimientos legales bajo el argumento de «urgencia». Críticos lo señalan como un método propios de regímenes comunistas.
El gobierno de Tucumán ha puesto en marcha un polémico mecanismo de expropiación forzosa para avanzar con la construcción del Acueducto Vipos. A través de un proyecto de ley presentado por el vicegobernador Miguel Acevedo y el ministro Daniel Abad, el Poder Ejecutivo busca declarar de «utilidad pública» 18 terrenos privados a lo largo de 12 kilómetros, lo que habilita su confiscación inmediata.
La iniciativa, que afecta a propietarios en las localidades de Tapia, Tafí Viejo y Villa Carmela, incluye una cláusula que permite al gobierno obviar el procedimiento administrativo de avenimiento con los dueños, es decir, prescinde de la instancia de diálogo y negociación previa que establece la ley para casos de expropiación.
El método: urgencia y supresión de derechos
El artículo 14 de la Ley 5006, que regula los procesos expropiatorios en la provincia, establece un procedimiento administrativo previo y obligatorio. Sin embargo, el proyecto presentado por Acevedo y Abad incluye una disposición especial que faculta al Ejecutivo a prescindir de este trámite, argumentando «urgencia» y la necesidad de «posesión inmediata» de los bienes.
Este mecanismo, que suprime el derecho de los propietarios a ser escuchados y a negociar, ha generado un fuerte rechazo en sectores defensores de la propiedad privada, quienes lo comparan con métodos utilizados por regímenes comunistas, donde el Estado se arroga la facultad de confiscar bienes particulares bajo argumentos de «interés colectivo», sin garantías procesales para los afectados.
La obra: ¿beneficio público o justificación para el avance estatal?
Si bien el gobierno fundamenta la medida en la necesidad de una «obra esencial» que beneficiaría a 400.000 habitantes, la forma elegida para obtener los terrenos ha opacado el fin declarado. La decisión de recurrir a la expropiación exprés, sin agotar instancias de diálogo o compra voluntaria, revela una preferencia por la fuerza del Estado sobre los derechos individuales, principio fundamental en sistemas que subordinan la propiedad privada a los designios del poder central.
Críticas y advertencias
Para analistas políticos, esta metodología es preocupantemente similar a las empleadas en experiencias socialistas y comunistas, donde la «utilidad pública» se convierte en un concepto elástico que justifica la expansión del control estatal sobre la vida y los bienes de los ciudadanos. El hecho de que se eliminen salvaguardas procesales en nombre de la «celeridad» establece un peligroso precedente para futuras intervenciones del gobierno sobre cualquier propiedad privada.
Mientras el oficialismo provincial insiste en la necesidad de la obra, la medida deja en evidencia una filosofía de gobierno donde el fin colectivista justifica los medios, incluso si ello implica vulnerar un pilar fundamental de las sociedades libres: el derecho a la propiedad privada. El tratamiento legislativo de este proyecto será una prueba clave para el respeto de las instituciones democráticas en Tucumán.
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