Mientras el Tribunal de Cuentas mantiene en la oscuridad los acuerdos sobre gasto publicitario, el decreto 1458/2025 de junio pasado inyectó $2.700 millones a la partida de propaganda. La falta de control y el timing electoral siguen generando cuestionamientos.
A ocho meses de que el Tribunal de Cuentas dejara de publicar los acuerdos sobre el gasto en publicidad del Gobierno provincial, cobra renovada vigencia el incremento de $2.700 millones autorizado por el gobernador Osvaldo Jaldo mediante el Decreto 1458/2025 el pasado junio, que amplió los recursos para pauta oficial hasta diciembre de este año.
La decisión, tomada a mitad de año pero cuyos efectos se extienden hasta el cierre del ejercicio, contrasta con el hermetismo que mantiene el organismo de control desde abril, al no publicar en su portal web los acuerdos relacionados con el control del gasto publicitario. Esta ausencia de información impide conocer cómo se ejecutan y controlan estos fondos, generando dudas sobre la transparencia del gasto.
Opacidad prolongada y aumento preelectoral
La falta de publicación de los acuerdos por parte del Tribunal de Cuentas se ha mantenido como una constante inexplicable, sin que los propios vocales del organismo hayan brindado una explicación formal sobre este vacío informativo.
Frente a este contexto de opacidad, el decreto de junio del gobernador Jaldo, refrendado por el ministro de Economía, Daniel Abad, y el secretario de Hacienda, Adrián Dicker, dispuso incrementar la partida de «Publicidad y propagandas varias» con los $2.700 millones solicitados por la Secretaría de Comunicación Pública, a cargo de Mariana Lucenti.
Fondos en tiempos electorales
La magnitud de la suma autorizada implica que, desde su implementación en junio y hasta diciembre, el Gobierno provincial dispuso de un promedio de $450 millones por mes para gastar en propaganda oficial, equivalentes a aproximadamente $15 millones diarios.
Este flujo de recursos, establecido meses atrás pero que se extiende durante el período electoral, adquiere especial relevancia en el actual contexto de campaña para los comicios legislativos del 26 de octubre, generando interrogantes sobre el uso de la pauta como herramienta de comunicación gubernamental en tiempos electorales.
La combinación de un control opaco mantenido por el Tribunal de Cuentas y el aumento sustancial del presupuesto para publicidad oficial autorizado meses atrás configura un escenario donde los principios de transparencia y rendición de cuentas quedan en entredicho frente a la prioridad de la comunicación gubernamental.
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