Un pacto de intercambio de favores entre los jueces federales de Tucumán Fernando Poviña y José Manuel Díaz Vélez se efectivizó entre la semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2022: nombraron en planta permanente de sus juzgados a los hijos del otro juez en un intercambio coordinado que expone cómo la justicia federal argentina se autorecluta mediante artilugios que sortean técnicamente las prohibiciones legales. Documentos oficiales confirman el ardid y la cronología exacta de la «designación cruzada», maniobra que expone la crisis de credibilidad de los jueces federales tucumanos. El caso se suma a un patrón nacional donde 46 de 114 jueces federales tienen familiares en la justicia.
La secuencia quedó grabada en las bases de datos oficiales del Poder Judicial con precisión de escribano. El 30 de noviembre de 2022, en su último día como Juez subrogante del Juzgado Federal N°1 de Tucumán, Fernando Poviña firmó la Acordada 94/22 que designaba a José Ignacio Díaz Vélez como Escribiente Auxiliar efectivo. José Ignacio es hijo de quien, al día siguiente, lo sucedería en el cargo. Al día siguiente, el 1 de diciembre de 2022, José Manuel Díaz Vélez asumió como Juez Federal Subrogante de ese mismo Juzgado Federal N°1. Cinco días después, el 6 de diciembre, Díaz Vélez firmó la Acordada 162 designando a Ariana Celeste Poviña —hija del Camarista que acababa de nombrar a su hijo— en la categoría de Auxiliar de la Secretaría Electoral bajo su dependencia.
El timing no deja lugar a especulaciones: se trata de un intercambio de favores coordinado que expertos en derecho judicial califican como «designación cruzada», una estrategia para eludir la prohibición legal de contratar familiares directos que constituye una de las formas más sofisticadas del nepotismo en la justicia argentina. El Artículo 12, inciso 8° del Reglamento para la Justicia Nacional establece con claridad meridiana: «No podrán ser nombrados funcionarios o empleados: … Los cónyuges y parientes, dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad, de los magistrados o funcionarios titulares bajo cuya dependencia inmediata deban prestar servicios.» La norma busca prevenir el nepotismo y garantizar que el acceso a cargos judiciales se base en el mérito y la idoneidad, no en vínculos familiares. Pero la maniobra implementada por Poviña y Díaz Vélez habría permitido sortear técnicamente esta prohibición mediante un mecanismo simple pero efectivo: ninguno designó a su propio hijo, sino al hijo del otro.
Los documentos que confirman la maniobra de Poviña y Díaz Velez. La Acordada 72/22 de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán estableció que José Manuel Díaz Vélez asumiría como Juez Federal Subrogante del Juzgado N°1 a partir del 1 de diciembre de 2022, sucediendo precisamente a Fernando Poviña en el cargo. La Acordada 94/22, firmada por Poviña el último día de su subrogancia, designa en el cargo de Escribiente Auxiliar efectivo a «José Ignacio Díaz Vélez», hijo del magistrado que al día siguiente asumiría el juzgado. Por su parte, la Acordada 162 del 6 de diciembre de 2022, en su punto DÉCIMO SEXTO, especifica: «A propuesta del señor Juez Federal Subrogante de Tucumán, doctor José Manuel Díaz Vélez, designar a partir del primero de febrero de dos mil veintitrés, en la Secretaría Electoral bajo su dependencia y en la categoría de Auxiliar […] a Ariana Celeste Poviña, argentina, clase mil novecientos noventa y siete, certificado de EGB y Polimodal – modalidad ciencias naturales…» La designación se produjo apenas seis días después de que Poviña nombrara al hijo de Díaz Vélez, y con fecha efectiva del 1 de febrero de 2023, exactamente dos meses después del primer nombramiento.
Pero el caso de Fernando Poviña no se limita a las designaciones cruzadas. Su trayectoria muestra un patrón sistemático de conducta antiética que merece ser expuesto en detalle. En junio de 2025, Poviña asumió como directivo del Club Atlético Tucumán, violando el Artículo 8, inciso m) del Reglamento para la Justicia Nacional, que prohíbe categóricamente a los magistrados «participar en comisiones directivas de ninguna asociación sin autorización de la respectiva autoridad de superintendencia». Poviña nunca solicitó ni obtuvo la autorización de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, requisito obligatorio según el artículo 9 del mismo reglamento. Una consulta a la base de datos oficial de resoluciones de la CSJN confirma que no existe ninguna autorización para que Poviña integre la comisión directiva del club. Más revelador aún: Poviña se escondió deliberadamente en las fotos oficiales del acto de asunción, evidenciando plena conciencia de su conducta irregular. Esta no fue una violación por desconocimiento, sino una decisión consciente de violar la ley confiando en la impunidad del sistema judicial tucumano. Además, Poviña dictó sentencia favorable a la libertad del hijo de Mario Martínez Salazar Pérez, su compañero en la Comisión Directiva del club, en un caso donde la ley procesal indicaba que debía excusarse por su vinculación personal con el beneficiado. Esta conducta constituye una violación directa del principio de imparcialidad judicial y genera la sospecha fundada de que Poviña usa su investidura judicial para favorecer a sus círculos personales. Lo más preocupante del caso Poviña es que, a pesar de las violaciones documentadas, nunca enfrentó consecuencias disciplinarias. Ni el Consejo de la Magistratura, ni la Cámara Federal, ni la Corte Suprema han iniciado procedimientos sancionatorios contra él.
La trayectoria de José Manuel Díaz Vélez tampoco está libre de sombras graves. Antes de ser designado Juez Federal en 2022, se desempeñó como Secretario en la Fiscalía Federal N°1, bajo la conducción del ex Fiscal Federal Carlos Brito. En julio de 2022, apenas cuatro meses antes de las designaciones cruzadas, Susana Trimarco denunció públicamente el funcionamiento de un prostíbulo en un edificio de calle 25 de Mayo al 300, en pleno microcentro tucumano. La referente de la Fundación María de los Ángeles había solicitado un allanamiento del lugar. Según sus declaraciones públicas difundidas en medios y redes sociales, la medida fue frenada por José Manuel Díaz Vélez, quien en ese momento era funcionario judicial y residía en ese mismo edificio. Daniel Weissenberg, titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), confirmó la existencia de una causa en la Justicia Federal sobre el caso. Los hechos que, según Trimarco, complican a Díaz Vélez: vecinos denunciaron que «entraban y salían 30 tipos a la mañana, 20 a la tarde, toda la noche»; se escuchaban «gritos de mujeres que les pegan, las violan»; cinco mujeres denunciaron en la fundación que eran obligadas a «ponerse chaquetas de enfermera» pero en realidad las prostituían; el departamento tenía un contrato temporario vencido; Díaz Vélez vivía en el mismo edificio y frenó el allanamiento solicitado por PROTEX; ante la inacción judicial, Trimarco se presentó personalmente en el departamento, acompañada por vecinos, medios y abogados. La Justicia Federal nunca se hizo presente. Los sospechosos se fueron llevando objetos sin que nadie los detuviera. La pregunta que surge es inevitable: ¿Cómo puede un funcionario judicial que presuntamente frenó una investigación de trata de personas ser designado Juez Federal apenas cinco meses después? ¿Existió alguna investigación interna sobre su conducta? ¿Fue consultado el Consejo de la Magistratura sobre estos antecedentes durante su proceso de designación? ¿Sabían los senadores que aprobaron su pliego sobre este episodio? Díaz Vélez se formó profesionalmente bajo la tutela de Carlos Brito, identificado por organizaciones sociales y víctimas como el principal encubridor en la investigación sobre el robo millonario de la Ciudad Universitaria de Tucumán. Este vínculo profesional añade otra capa de sospecha sobre la idoneidad ética de Díaz Vélez para ejercer la magistratura federal.
Sebastián Aguirre Astigueta, abogado especializado en ética judicial, sostiene que «el nepotismo, junto con el amiguismo, resiente la independencia y la imparcialidad de la Justicia, afectando gravemente el servicio que ésta debería prestar. Esta práctica genera una crisis de legitimidad en el sistema judicial, minando la confianza de la ciudadanía». Carlos Casal, vicepresidente del Colegio de Abogados de Tucumán, fue más contundente: «El nepotismo hiere la autoridad de los jueces. Muchos jueces manejan tribunales como una empresa familiar, con la diferencia de que los recursos no son producidos con mérito propio, sino que pertenecen al Estado y, por ende, a los ciudadanos». El abogado Nicolás Mirande agregó: «Es increíble que los tucumanos nos hayamos acostumbrado a tomar con normalidad este tipo de nombramientos y que los aceptemos con nuestro silencio. La independencia, el prestigio, la ecuanimidad y el profesionalismo que brinda la meritocracia dentro de la carrera judicial es fundamental para la confianza en las instituciones».
El problema trasciende el caso individual tucumano. Como documenta el sociólogo Juan José Nardi, la magistratura argentina opera bajo un sistema de autorreclutamiento donde los jueces en ejercicio eligen a los futuros integrantes de la magistratura mediante designaciones discrecionales del personal judicial. El mecanismo endogámico corrupto del Poder Judicial expuesto es un círculo vicioso de poder que se perpetúa generación tras generación, donde la familia judicial se arraiga y multiplica al margen de cualquier criterio meritocrático. Alberto Binder, doctor en Derecho y cofundador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), explica que los elevados salarios del sector judicial convierten a los cargos en un «botín burocrático» muy codiciado, lo que «incentiva designaciones cruzadas entre jueces: dos magistrados se devuelven el favor de nombrar los familiares del otro». Binder resume el fenómeno: «Parte de la razón de la persistencia tiene que ver con los jugosos salarios del sector judicial. Los puestos más bajos de la Justicia Federal hoy son retribuidos con sueldos inmensos. Es un botín extraordinario». Un cargo de auxiliar —el más bajo en la escala salarial judicial— equivale a cuatro salarios mínimos, vitales y móviles. Para una economía golpeada como la argentina, estos cargos representan un botín demasiado tentador como para dejarlo librado al mérito y la transparencia.
El caso tucumano se inscribe en un patrón nacional alarmante. Una investigación de Connectas y Chequeado publicada en octubre de 2024 reveló que al menos 46 de 114 jueces federales de 14 provincias tienen familiares designados en la Justicia, con 89 familiares identificados desempeñándose en diversos cargos. Los números por provincia son reveladores: Córdoba: 12 de los 20 jueces federales tienen familiares designados. En Salta y Jujuy: 7 de los 17 jueces cuentan con familiares en el sistema y en Misiones: 4 de los 9 magistrados. Y el fenómeno llega hasta la cúspide: tres de los cuatro ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda) tienen familiares nombrados en la Justicia federal.
Argentina ratificó en 2007 la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que dispone que los países procurarán adoptar sistemas de contratación basados en «principios de eficiencia y transparencia, y en criterios objetivos, como el mérito, la equidad y la aptitud». En 2013, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 26.861 de Ingreso Democrático e Igualitario de Personal al Poder Judicial, con el propósito explícito de poner fin a la práctica de contratar empleados por ser familiares o conocidos de los jueces. La norma establece que todos los empleos judiciales deben cubrirse por concurso público. Sin embargo, la Corte Suprema nunca reglamentó esta ley, que ya tiene 11 años de vigencia. Este vacío reglamentario permitió que continuara la histórica designación de parientes sin evaluaciones objetivas de sus capacidades. La Corte mantuvo «transitoriamente» en las cámaras federales y nacionales las facultades de designación y promoción del personal, dejando la ley en letra muerta. El propio ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti reconoció el problema en la Acordada 18/2024 del 17 de mayo de 2024, donde afirmó que «se designa personal con cargos de funcionarios, sin concurso, con base en la amistad o el parentesco, y contrariando las expectativas de austeridad que la sociedad argentina exige». En su voto minoritario, Lorenzetti insistió en que la Justicia debe «concursar los cargos, respetar el mérito y evitar el nepotismo». La paradoja es que el propio Lorenzetti tiene a su esposa, Mara Beatriz Perren, como prosecretaria administrativa del Juzgado Federal de Rafaela, y a su cuñada Ana Marcela Perren como escribiente de la Cámara Federal de Rosario.
Cuando dos magistrados federales pueden coordinar públicamente el nombramiento de sus hijos sin que existan consecuencias, cuando la Cámara Federal avala estas designaciones sin controles, cuando el Consejo de la Magistratura permanece en silencio, el mensaje al conjunto de la sociedad es inequívoco: la ley no aplica para los jueces. Esta impunidad tiene un precio que la ciudadanía paga: erosión de la confianza, destrucción de la meritocracia, conversión de la justicia en botín y compromiso de la independencia judicial. Los integrantes de estas familias hacen carreras maratónicas, muchas veces saltándose peldaños, lo que produce desigualdades enormes dentro del Poder Judicial. Binder es categórico al definir la gravedad de estas prácticas: «El nepotismo es ilegal porque existe una Ley Nacional que estipula cómo deben asignarse los cargos de la Justicia. Esto no implica que se trate de un delito, más allá de que sea una conducta muy reprochable desde el punto de vista ético».
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