En un nuevo capítulo del litigio por la expropiación de YPF, la Argentina obtuvo un respaldo internacional calificado como «histórico» por las autoridades nacionales. Un total de doce países y organizaciones se presentaron como amicus curiae —amigos del tribunal— ante la Corte de Apelaciones de Nueva York, apoyando la posición del país para que no se vea obligado a pagar los US$16.000 millones que exigen los demandantes.
La Procuración del Tesoro de la Nación informó oficialmente que este apoyo, gestionado durante el gobierno de Javier Milei, es «contundente y sin precedentes». Entre los respaldos se destacan los de Estados Unidos, que por tercera vez en un año reitera su postura a favor de la Argentina, e Israel, que sorprendió al participar por primera vez en un caso de esta naturaleza. Este gesto fue interpretado como un reflejo de la solidez de los lazos bilaterales y el reconocimiento de la seriedad de los argumentos de la defensa argentina.
Junto a estos dos aliados estratégicos, también se sumaron Italia, Ecuador, Uruguay, Chile, Rumania y Ucrania. A ellos se agregaron la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), el Bank Policy Institute y la American Bankers Association. Francia, por su parte, envió una carta diplomática expresando su apoyo a la posición argentina.
El gobierno norteamericano sostuvo en su presentación que la postura que niega la inmunidad de ejecución para los activos soberanos extraterritoriales es incompatible con su derecho interno y el internacional. Israel advirtió que un fallo contrario podría generar un régimen de inmunidad global «impredecible».
La próxima etapa clave será el 29 de octubre, cuando la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito escuche los argumentos orales de las tres partes: la República Argentina, YPF y los fondos demandantes, Petersen y Eton Park Capital. Según expertos, los jueces no realizarán un nuevo juicio, sino que evaluarán si la jueza Loretta Preska aplicó correctamente la ley en su fallo, que además de la millonaria indemnización ordena la entrega del 51% de las acciones de la compañía.
La Procuración ratificó que no habrá negociación con Burford Capital, el fondo que financia la demanda, y que el Gobierno agotará todos los recursos legales, diplomáticos y políticos para proteger los intereses estratégicos del país. Se espera que el fallo de la apelación, que podría ratificar, revertir, dejar sin efecto o devolver el caso, se conozca semanas o meses después de la audiencia.
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