En un nuevo éxito para la estrategia legal internacional del país, la Argentina consiguió una reducción significativa de una condena millonaria que pesaba sobre el Estado por un conflicto originado en la crisis de 2001. El tribunal de controversias del Banco Mundial (CIADI) hizo lugar a un recurso presentado por la Procuración del Tesoro de la Nación y disminuyó el monto de la indemnización en el caso “Webuild S.p.A. c/ República Argentina” de aproximadamente 147 a 117 millones de dólares, lo que significa un ahorro de casi 30 millones de dólares para el erario público.
El fallo representa un alivio concreto para las cuentas nacionales, equivalente a unos 42.000 millones de pesos, y marca un precedente en la gestión de los numerosos litigios que heredó el país. La controversia se remonta a la concesión de la conexión vial Rosario-Victoria y a las medidas adoptadas durante la aguda crisis económica y social de 2001, que llevaron a la disolución de la concesionaria Puentes del Litoral S.A. y posteriormente a una demanda de la empresa inversora ante un tribunal internacional.
La Procuración del Tesoro, a cargo de la defensa legal del Estado, había presentado el pasado 11 de junio un pedido de rectificación de la condena, argumentando sobre el monto de la indemnización. La decisión del CIADI le dio la razón a la postura argentina, validando la estrategia de apelar a todas las herramientas jurídicas disponibles para mitigar el impacto económico de los fallos adversos. En un comunicado, el organismo destacó que este litigio, «como tantos otros que aún enfrenta la Argentina, se arrastra desde hace casi dos décadas como consecuencia de políticas y decisiones de administraciones anteriores».
Este resultado se enmarca en los esfuerzos del gobierno por renegociar y reducir el peso de las demandas multimillonarias que mantienen al país en tribunales extranjeros, heredadas de crisis pasadas. La Procuración reafirmó su «compromiso de defender con firmeza los intereses nacionales» para «proteger el patrimonio común de los argentinos», en una clara señal de continuar con la revisión de cada sentencia en busca de mejores términos para las finanzas públicas.