Una fuerte denuncia pública del influencer que realizó el estadounidense Alan Paredes puso a la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, en el centro de una polémica que mezcla lo familiar y lo institucional. Paredes, a través de sus redes sociales, ha levantado la voz para acusar a la jefa comunal de negarse a pagar una indemnización de $10 millones que la justicia ordenó a favor de su propio hermano, cuyo caso fue reconocido tras una lucha por su identidad biológica. Esta acusación contrasta con la imagen pública que Chahla proyectó en los actos por el 213° aniversario de la Batalla de Tucumán, donde aseguró mantenerse al margen de los conflictos y concentrarse en su gestión.
Con un llamado a la visibilidad, Alan Paredes denunció en un video reciente que Rossana Chahla «no quiere pagar» lo establecido por la justicia. El fallo judicial, que restituyó la identidad del hermano de la intendenta y ordenó el significativo resarcimiento económico por la falta de reconocimiento paterno, es, según Paredes, ignorado por la mayoría de los medios locales, con la excepción de algunos como Tucumán Digital. El influencer, radicado en la provincia, hizo un llamado a compartir la noticia para «buscar justicia», instalando una pregunta incómoda sobre el cumplimiento de una obligación legal por parte de una funcionaria pública.
Frente a estas acusaciones, la postura de la intendenta Chahla ha sido de aparente distanciamiento. Durante su participación en los eventos patrios, y al ser consultada sobre agravios y amenazas recibidas en redes sociales, respondió con un contundente “Yo no estoy en esa”. Aseguró que su energía está puesta en trabajar para dar soluciones al vecino, priorizando la gestión por sobre los ataques. “Si uno gasta energía en esas cosas deja de hacer lo que tiene que hacer. Lo único que uno tiene que hacer es trabajar para la gente”, declaró, reivindicando un estilo de trabajo cercano y genuino, alejado de la confrontación.
Sin embargo, la denuncia de Paredes introduce una grieta en esa narrativa. Mientras la intendenta pide no desviar la atención de los problemas de la ciudad, como el arreglo de calles y la poda, la acusación de eludir una deuda familiar judicialmente ordenada proyecta una sombra sobre su gestión. El contraste es evidente: por un lado, una figura pública la acusa de incumplir una sentencia judicial en un caso de alto contenido sensible; por el otro, la funcionaria insiste en mantenerse por encima de la “política de confrontación”. La situación deja al descubierto una tensión entre la vida privada de la funcionaria y su deber público, mientras la demanda de justicia para su hermano, amplificada por Paredes, espera una respuesta más concreta que el silencio o la negativa a “estar en esa”.
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