Un grupo de empresarios de salones de fiesta y entretenimientos de Tucumán mantiene una batalla legal contra el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA), organismo cuya regulación y sistema de multas califican como «asfixiante» para los pequeños comerciantes. La Corte Suprema de Justicia de Tucumán acaba de resolver que la Cámara en lo Contencioso Administrativo es el tribunal competente para tramitar el amparo iniciado por los empresarios, despejando así la incertidumbre sobre el camino judicial a seguir.
La abogada Constanza Bauque, representante de los demandantes, explicó que «la Corte dejó en claro que la competencia está definida y eso beneficia a todos los comerciantes que iniciaron acciones en este ámbito». Los empresarios, entre los que se encuentran Cristhian Osvaldo Arancibia, Sebastián Darío Molina, Héctor Sebastián Valdez y varias empresas del rubro, buscan la acción judicial que se declare la inconstitucionalidad del decreto que mantiene la intervención del IPLA hace 25 años, cuando su estatuto establece un plazo máximo de tres meses.
El conflicto central radica en el impacto económico que generan tanto el canon anual como las multas aplicadas por el organismo. Bauque afirmó que «el mínimo es de 1,8 millones de pesos, lo que equivale al costo de un año escolar para un hijo, según me comentó un comerciante». La letrada destacó la disparidad en la aplicación de estos tributos: «Los productores de alcohol están exentos de este tributo, mientras lo paga el pequeño comerciante». Esta situación, según los demandantes, «los está destruyendo» porque «los persiguen hasta que los hacen cerrar, mientras las grandes embotelladoras no realizan ningún aporte».
Los empresarios cuestionan además el funcionamiento del IPLA, señalando que el organismo «no rinde cuentas ni cumple su función original de luchar contra el alcoholismo». Bauque remarcó que «no existen políticas claras contra el alcoholismo, solo algunos cursos o charlas aisladas», mientras que «el IPLA sigue recaudando millones con un sistema que asfixia al trabajador que apenas intenta sostener un pequeño negocio».
La demanda judicial persigue no solo la declaración de inconstitucionalidad del decreto de intervención, sino también la nulidad de resoluciones y actos del organismo, la devolución de pagos que consideran ilegítimos y el levantamiento de clausuras. Los accionistas solicitaron además medidas cautelares para frenar sanciones y cobros compulsivos mientras se resuelve el fondo de la cuestión.
Julio Heredia, uno de los empresarios demandantes, resumió el sentir del sector: «El IPLA está intervenido hace 25 años, cuando su propio estatuto establece un plazo máximo de tres meses. Mientras tanto recauda miles de millones con cánones y multas». La resolución de la Corte Suprema tucumana marca ahora el camino para que la Cámara en lo Contencioso Administrativo se expida sobre un caso que afecta a hoteles, bares, restaurantes, supermercados y hostels que deben afrontar estos tributos, en una pulseada que pone en evidencia las tensiones entre la regulación provincial y la supervivencia de los pequeños comercios.