En un giro estratégico para desactivar una crisis política de magnitud, el Gobierno nacional anunció que estudia destinar préstamos directos a las provincias, en un intento por evitar que el Congreso insista con la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que el presidente Javier Milei vetó. La medida, revelada por el ministro del Interior, Guillermo Francos, subraya la férrea voluntad oficial de priorizar el equilibrio fiscal como pilar indiscutible para derrotar a la inflación, incluso a costa de una tensión creciente con los gobernadores.
El conflicto se desata tras el veto presidencial a una ley que buscaba automatizar el reparto de los ATN –equivalentes al 1% de la masa coparticipable– y eliminar fideicomisos para incrementar los recursos provinciales. Para el Ejecutivo, esta norma representaba un retorno al “derroche del pasado” y una amenaza directa a la meta de “cero déficit”. En su lugar, la administración Milei propone un mecanismo de créditos, que implica que las provincias deberán endeudarse para recibir liquidez, un planteo que transforma una transferencia discrecional en una operación de deuda con eventual obligación de repago.
Los Aportes del Tesoro Nacional son, por definición, un fondo de asistencia discrecional. Si bien su creación es automática (representa el 1% de los impuestos coparticipables), su distribución la decide el Gobierno central para asistir a provincias en “emergencia y desequilibrios financieros”. Sin embargo, desde la asunción de Milei, este instrumento fue notoriamente subejecutado: según un informe de Politikón Chaco, solo se distribuyó el 7% de los ATN disponibles en 2024, y ocho distritos, incluidos CABA y Córdoba, no recibieron nada.
La ley vetada buscaba terminar con esa discrecionalidad, estableciendo que el reparto fuera automático y utilizando los mismos coeficientes que la coparticipación, lo que le daría previsibilidad a las provincias. Al vetarla, el Gobierno defendió su potestad de administrar esos fondos y, sobre todo, de no comprometer erogaciones que desequilibren sus cuentas.
La contrapropuesta de los préstamos no es casual. Desde la óptica oficial, esta vía es coherente con el dogma económico central: todo gasto que no está financiado por recaudación genuina es inflacionario. Un ATN es una transferencia sin retorno que, si el Tesoro no tiene superávit, podría financiarse con emisión monetaria, echando leña al fuego de la inflación. Un préstamo, en cambio, es un flujo de caja que, si bien sale hoy, crea un activo (la deuda provincial) y la expectativa de un retorno futuro, preservando el equilibrio fiscal en el corto plazo.
El ministro Francos fue claro al respecto: “Me parece bien la decisión del Presidente de estrechar el diálogo con los gobernadores, pero tampoco corrernos del objetivo del ordenamiento de las cuentas fiscales”. Esta frase encapsula la tensión: diálogo sí, pero sin ceder en el principio rector. La experiencia del gobernador de Chubut, Ignacio Torres –aliado que rubricó un acuerdo para reconvertir la deuda de su provincia a cambio del traspaso de obra pública– sirve como el posible modelo a seguir: la ayuda financiera llegará, pero atada a condicionalidades y alineada con la disciplina fiscal.
Mientras el oficialismo negocia, los gobernadores ya anticipan una sesión especial en el Senado la próxima semana para revertir el veto, forzando la pulseada institucional. El Gobierno confía en que la oferta de préstamos, aún con detalles por definir –como si estarán disponibles para todas las provincias o sólo para las aliadas–, pueda fracturar el frente opositor y evitar una derrota legislativa.
En conclusión, la pulseada por los ATN vetados trasciende lo económico y lo político. Es la encrucijada práctica del modelo de Milei: la convicción de que sólo un férreo control del gasto público, que evite toda emisión inflacionaria, puede sentar las bases para la estabilidad. El resultado de esta negociación definirá no sólo el flujo de caja de las provincias para pagar salarios y servicios, sino la consistencia misma del plan antiinflacionario y los límites de un federalismo bajo la estricta lógica del equilibrio fiscal.