La comisión de Juicio Político de la Legislatura de Tucumán, presidido por el legislador peronista Raúl Ferrazano, corrió traslado a un pedido de destitución contra la jueza civil en Familia y Sucesiones, Valeria Brand. La votación en la comisión se dio de manera unánime y se resolvió que se abra una investigación acerca del trabajo de Brand en casos que involucran a menores de edad.
«El juicio político es un mecanismo de control entre los poderes del Estado. Dado que las presentaciones se vinculan a temas sensible, donde se encuentran en juego los intereses superiores de niños, niñas y adolescentes, creemos que merecen ser tratadas», dijo Ferrazano sobre el tema.
La comisión aceptó las peticiones que se presentaron en contra de la jueza y corrió traslado para que ejerza su derecho a defensa en el plazo de 15 días hábiles, según la ley 8.734, que regula el proceso de enjuiciamiento.
Quienes solicitaron la destitución de la magistrada fueron distintas organizaciones feministas, sociales y políticas, quienes denunciaron su trabajo en el caso de dos niñas conocidas como Brisa y Rocío.
“El pedido de juicio político está formalizado junto a tres denuncias más. La tercera menor, resguardada aún, sufrió maltrato directo por parte de Brand”, aseguró Francis Nader, integrante de Concepción Feminista, agrupación integrada por activistas del sur de la provincia.
Según indicaron las organizaciones que exigieron el juicio político, la habría utilizado “todo el aparato estatal para revictimizar y atormentar a las menores”. Por su parte, los padres de las menores acusaron a Brand de «no cumplir con sus funciones, desoír la voz de las niñas y vulnerar los derechos de las menores al entregarlas a sus abusadores».