Un grupo de policías ingresó violentamente al Merendero Reyes, ubicado en el barrio San Cayetano, el lunes por la noche. Los policías requisaron el lugar y se llevaron detenidos a algunos jóvenes que liberaron varias horas después.
Para la Abogadas y Abogados del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) se trató de «un nuevo episodio de la revictimización, amedrentamiento y hostigamiento que Ana Reales sufre hace más de 6 años».
Fueron 10 los efectivos que ingresaron al lugar y, según publicó Andhes, requisaron y amenazaron a los jóvenes que se encontraban ahí. «Además de insultar a vecinos y vecinas que cuestionaban su accionar, procedieron a detener sin motivo legal a varios jóvenes que fueron liberados unas horas después», explicó la organización.
Este tipo de procedimientos está acostumbrada Ana Reales, madre de Miguel Reyes Pérez, víctima de «gatillo fácil» que falleció en 2017 tras haber agonizado durante 23 días. El caso llegó a la Justicia y el oficial Mauro Navarro fue condenado por el hecho, aunque actualmente la causa se encuentra en instancia de apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
«Manifestamos al Ministerio de Seguridad nuestra preocupación por el hostigamiento que Ana Reales sufre hace más de 6 años. Exigimos que se investigue lo sucedido y se arbitren los medios necesarios para evitar nuevos procedimientos ilegales, intimidatorios y detenciones ilegales», reclamó Andhes en sus redes.
La emergencia por las adicciones
El caso de Reyes Pérez entró en el centro de debate por tratarse de un hombre con problemas de adicción que fue asesinado por miembros de la Policía de Tucumán. Y el allanamiento se dio al mismo tiempo en que se llevan adelante una serie de protestas de los trabajadores de las dependencias oficiales de los servicios contra las adicciones.
Los reclamos de los trabajadores se da en torno a la precarización laboral y la titularización de los agentes que prestan sus servicios. A su vez, este pedido exhibe una preocupación aún mayor en la provincia: el crecimiento de la demanda de contención por el aumento de consumo problemático de sustancias combinado con la disminución de especialistas en los Centros Primarios de las Adicciones (Cepla), dependientes del Ministerio de Desarrollo Social.
Emilio Mustafá, especialista en el tema, confirmó este incremento e indicó que se produjo principalmente luego de la cuarentena impuesta por la pandemia de Covid-19. «En mí área, que es el abordaje comunitario, se observa una demanda constante no sólo por consumo, sino también el crecimiento social de salud mental. Por eso, se movilizan todos por todas partes. Después de la pandemia de covid-19, hubo más reclamo desde todo punto de vista», dijo.
Al respecto, el especialista sostuvo que se trata de una «situación de emergencia por las adicciones» en Tucumán. «Cuando hablamos de emergencia implica una acción política: inversión en recursos humanos, en logística, la jerarquización de los trabajadores de salud mental porque somos clave en la salud mental comunitaria, no sólo en los hospitales», señaló sobre el abordaje que se le debería dar.
Una muestra de esto es el hecho registrado hace algunos días cuando Sonia encadenó a su hijo para evitar que consuma alguna sustancia, por lo que se la acusó de privación ilegítima de la libertad contra el joven.
«Soy culpable de esto, lo hice porque mi hijo es ‘pipero’, drogadicto y alcohólico; sale y les roba a los vecinos, les tira piedras a los colectivos y tiene problemas con todo el mundo. Me pega, me maltrata, tira las puertas a patadas y me saca plata. Yo amo a mi hijo, señor juez, soy ignorante y estuve mal, pero quería protegerlo porque ya lo habían amenazado y tenía miedo de que me lo maten», se descargó la mujer.
Otro caso similar que se popularizó en la provincia fue el que vivió «Monedita», un adolescente adicto que también era encadenado por su familia con el objetivo de que no pudiera salir a consumir drogas.