Tras una denuncia de violación de la cuarentena, el juez de Tres de Febrero Juan Manuel Culotta resolvió ordenar un procedimiento en la quinta «Los Abrojos» del ex presidente Mauricio Macri.
Se trató de una «orden de presentación» para reclamar las cámaras de seguridad del domicilio. El presidente había viajado al exterior, y por eso tenía que cumplir estrictamente un período aislado.
Buscaban investigar si Macri rompió lo establecido como medida sanitaria preventiva, ya que se supo de una reunión que el líder del PRO mantuvo la semana pasada con los intendentes Martín Yeza, de Pinamar; Ezequiel Galli, de Olavarría; y Francisco Ratto, de San Antonio de Areco.
Como era de esperar, la oposición apunta al kirchnerismo por la denuncia, y diputados nacionales del PRO sostuvieron que «forma parte de un ataque inaudito contra la oposición democrática».
En un comunicado, desde el PRO sostuvieron: «La excusa utilizada es que habría irrespetado el aislamiento social al reunirse con intendentes de Juntos por el Cambio. Semejante argumento solo sirve para disimular un mensaje revanchista y desmesurado, tanto en sus proporciones como en su contenido».
«Advertimos que el gobierno ha ingresado en una fase peligrosa, propia del populismo autoritario, utilizando sus energías en combatir enemigos que en realidad son adversarios y presionando a algunos jueces para lograr sus objetivos reñidos con la legalidad».
