Colegiados cuestionan el fallo a favor de Casal, que genera fuertes suspicacias.
Reina la indignación entre los dirigentes del Colegio de Abogados de Tucumán tras haber tomado conocmiento de la medida cautelar por medidos peridisticos, medida cautelar que no fue notificada a dicha institución.
Pese a que ninguna voz se alzó públicamente, este viernes era casi unánime el rechazo de plano al fallo que restituyó al vicepresidente de la entidad, Carlos Casal, quien había sido suspendido por cinco meses.
El Consejo Directivo de esa institución había resuelto suspender a dos de sus integrantes debido a incidentes que habían ocurridos en la sesión del 22 de diciembre del año pasado. A Carlos Casal lo habían suspendido por cinco meses y al vocal Pablo Caram, por uno, sobre la base de las responsabilidades de uno y de otro.
Pero ayer, la titular del Juzgado Civil y Comercial Común de la Iª Nominación, Andrea Viviana Abate, hizo lugar a una medida cautelar solicitada por Casal, y ordenó a los directivos del Colegio de Abogados de Tucumán que suspendan provisionalmente la ejecución de la sanción.
En la institución todos coincidían en la incompetencia de la magistrada para actuar en el caso, ya que por tratarse de una medida administrativa (la suspensión), no corresponde al fuero Civil y Comercial tratar la presentación. Y es justamente en este punto donde surgen las suspicacias.
Casal es un hombre cercano al actual Defensor Adjunto en la Defensoría del Pueblo de Tucumán, Karim Kanan, quien a su vez es esposo de la Presidenta de la Cámara Civil y Comercial, Marcela Ruiz. Esta jueza también preside la cada día más influyente Asociación de Magistrados de Tucumán.
El hecho de que Kanan se encuentra enfrentado a la actual conducción del Colegio, la selección del fuero (Civil y Comercial) que tiene en Ruiz a la máxima autoridad, y la premura con la que la jueza actuó, fueron los puntos fundamentales que generaron el enojo de las autoridades de la institución letrada.
El polémico fallo
Lejos de considerarse incompetente, Abate optó por actuar y realizó una difusa fundamentación, plagada de condicionales. «De las constancias existentes en la causa surgiría que se habría incurrido en un posible exceso de punición al decidir abruptamente una sanción al vicepresidente de la institución de la envergadura y naturaleza como es la suspensión en sus funciones por el plazo de cinco meses, sin que surja a primera vista de la documentación acompañada que se hubiera tutelado debidamente el ejercicio del derecho de defensa garantizado constitucional y convencionalmente a toda persona», afirmó Abate.
La medida cautelar tiene por objeto poner en ejercicio nuevamente a Carlos Casal quien manera flagrante protagonizó un episodio de violencia en las instalaciones del colegio, lo cual constituye una ingracción a la ley 5233 y su relgamento interno.