El legislador Gerónimo Vargas Aignasse admitió que, según la Constitución de Tucumán, le corresponde a Osvaldo Jaldo asumir en reemplazo de Juan Manzur, cuando este lunes la Legislatura de Tucumán apruebe la licencia de Juan Manzur para que pueda asumir como Jefe del Gabinete de Ministros de la Nación.
En medio de la indignación de los seguidores del gobernador, el legislador twitteó: “Entiendo la institucionalidad pero más entiendo a la Legitimidad Popular, Lealtad Peronista venció por 100.000 votos a Peronismo Verdadero con Osvaldo Jaldo a la cabeza, Juan Manzur por derecho propio y entidad política debe elegir a su sucesor temporal.
Después, continuó: “reducir torpemente esta cuestión a un análisis constitucional sería seguir el juego a quienes ignoran que a Jaldo le ofrecieron un cargo nacional importante, la sucesión sería temporal y no definitiva, ambos deben estar a la par de Alberto Fernández, simplemente xq esa es su voluntad”.
De esa forma, Vargas consideró que las últimas elecciones para Diputados y Senadores nacionales legitimaban, por encima de la Constitución de Tucumán, a la línea interna de Manzur para elegir a quién debería reemplazar al gobernador cuando se vaya a Buenos Aires.
En la apasionada defensa de Manzur, despreció no sólo lo que manda la carta magna provincial, sino que, además, dejó de lado todos los votos conseguidos por la oposición en estos últimos comicios. Sobre el total de los votos emitidos, la lista de Manzur no llegaba ni al treinta por ciento.
Según el curioso criterio del legislador, entonces, cualquier elección de medio término legitima a los ganadores a decidir sobre la Constitución quién debe gobernar determinado distrito. Por ejemplo, Francisco de Naváez pudo haber terminado con el mandato presidencial cuando venció en una elección de medio término al mismísimo Néstor Kirchner.
También, ahora mismo, Juntos por el Cambio debería determinar quién seguirá en el Gobierno Nacional, y pedirle la renuncia inmediata a Alberto Fernández quien, según la Constitución Nacional, debe gobernar a la Argentina por dos años más.
Por todo esto la apresurada expresión de Vargas Aignasse es peligrosa. Si imperase la Ley en Tucumán, la Legislatura de Tucumán podría acusarlo de atentar contra la mismísima institucionalidad, consagrada en la Constitución.