Sumida en la mayor crisis social de los últimos años, la clase política provincial se apresta a desplegar todo su obsceno poder económico para conseguir o retener el poder, en unas elecciones que determinarán gran parte del futuro provincial y comenzará a definirse el próximo gobernador de Tucumán.
Aunque en estas Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias sólo se definirá quiénes integrarán las listas de cada partido en las abiertas, en los dos partidos mayoritarias quedarán definidos quiénes son sus mayores referentes, con vista a las elecciones de gobernador en 2023.
En Tucumán hay 3.761 mesas habilitadas para las PASO. Según estimaciones, el costo por supervisar el proceso electoral -desde la previa a la apertura del centro de votación hasta el envío de los datos al centro de cómputos- será de $ 3.000 por fiscal.
A eso se suman $ 500 para el almuerzo -no incluye cigarrillos ni el tentempié que suelen solventar algunos referentes territoriales-. De esta forma, una lista que aspire a tener “ojos” posados sobre cada urna volcará al menos $ 13,2 millones sólo en este ítem.
A ello se debe agregar otro “jugador” clave: el fiscal general encargado a cada centro de votación. El domingo, en la provincia habrá 512 establecimientos educativos y deportivos dispuestos para los comicios. Aunque tendrá mayores responsabilidades, este “supervisor” percibirá una compensación idéntica a la de los fiscales de mesa. ¿El costo final? Al menos $ 1,8 millón por lista, según publicó La Gaceta.
Miles de autos serán “alquilados” para la jornada democrática a lo largo y a lo ancho de la provincia. Por la pandemia, la idea es que cada uno transporte no más de tres electores hacia su lugar de votación. De base, un móvil debe hacer un mínimo de 25 viajes (ida y vuelta) para justificar los $ 4.000 en promedio que se abonarán por este servicio, que incluye chofer.
La cantidad de autos rentados variará según el referente territorial y de qué circuito se trate. En promedio, un dirigente de peso puede aportar un mínimo 100 vehículos para el domingo, lo que implicaría un desembolso de $ 400.000 en traslados por “cacique”. Al contrario de lo que sucedía en años anteriores, en esta oportunidad está previsto que no se identifique los vehículos con el nombre, el apodo o las siglas del responsable. Por esta razón, según se anticipó, algunos tratarán de evitar la contratación de taxis. Aunque muchos no pondrán reparos en cuanto a este punto.