En Tucumán no se está midiendo con la misma vara. A los particulares se les aplica todo el peso de la ley y a los que dictan las medidas ni el peso de una pluma. Así quedó demostrado este último fin de semana, cuando numerosos agentes de la Policía de Tucumán, sumado a una dotación de vigías municipales de Banda del Río Salí, desalojaron una fiesta con unas 300 personas en Lastenia.
Sin embargo, lejos de la frase “ley pareja no es rigurosa”, la rigurosidad solo se aplica para quienes no pertenecen a la campaña electoral. No hay paridad y así se ve todos los días con los inmensos actos que organizan tanto el gobernador Juan Manzur como su principal contendor, el vicegobernador Osvaldo Jaldo, y también el bendecido por el macrismo en Tucumán, el intendente de la capital, Germán Alfaro.
Los encuentros de cada uno de estos personajes del peronismo superan por mucho el límite de admisión permitido por el COE, del cual el propio Manzur es el presidente.
¿Cómo se explica que un acto con más de 10 mil personas no pueda ser clausurado y un bar con dos personas más de lo permitido sí? Es una pregunta que hasta ahora nadie pudo –o quiso- responder con seriedad. Y todo indica que esta desigualdad continuará hasta que pasen las elecciones.
