Buenos Aires.- En la primera jornada pública realizada para definir el precio del gas en boca de pozo, el Gobierno consideró que si no hay partidas presupuestarias adicionales las tarifas deberán aumentar en un rango de entre 17% y 35%.
Así lo estimó la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Luz Videla Oporto, quien precisó que en la actualidad «el 55,7% y el 60% del costo total del gas natural es afrontado por Estado nacional», en el caso de residenciales y comercios, aunque aclaró que los ajustes estarán «detrás de los salarios y jubilaciones».
La funcionaria realizó la proyección al participar de la primera jornada de la audiencia que continuará este martes y en la que hubo algunos roces y debates por parte de entidades de consumidores y representantes políticos.
«Las opciones van desde que el Estado asuma la totalidad de ese costo fiscal que representa el incremento del precio del gas; que distribuya ese valor en todos los usuarios de igual manera; o que se aplique una segmentación tarifaria real», añadió.
Explicó que «en los próximos diez días hábiles se emitirá informe final del proceso de audiencia pública sobre la tarifa de transición, y en 30 días hábiles, desde el Ejecutivo nacional se emitirá una resolución que informará qué haremos con esta porción del precio del gas para la demanda prioritaria».
La audiencia se realizó de manera virtual y fue encabezada por la subsecretaria de Hidrocarburos, y moderada por la asesora legal de esa cartera, Verónica Tito. En representación de las empresas expuso Daniel Martini, de la Asociación de Distribuidores de Gas, que engloba a las empresas Camuzzi, Ecogas, Gasnor, MetroGas, Naturgy, Litoral Gas y Ganea.
«Resulta necesario finalizar el congelamiento de tarifas y es atribución del Estado decidir la manera en que instrumenta los subsidios, sea a través de procesos de segmentación y/o de la profundización de la tarifa social», afirmó.
Por su parte, la diputada del Frente de Todos Fernanda Vallejos aseguró que «los subsidios representan una política que significa salario indirecto para las familias, cuyos ingresos vienen sufriendo pérdidas reales durante los últimos cinco años, marcados por el programa de ajuste y redistribución profundamente regresiva aplicado por el gobierno anterior y un 2020 de pandemia».
José Luis Ramón, diputado y presidente del Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, señaló que los subsidios del Estado en las facturas de gas es una «herramienta» para que este servicio «esté adecuado a la capacidad económica de los hogares y no a las necesidades del mercado dolarizado de las cinco empresas que tienen la concesión de este bien tan preciado».
La diputada nacional por Mendoza Jimena Latorre (UCR) se quejó porque la convocatoria es «para legitimar el porcentaje de subsidio con el que el Tesoro Nacional va a intentar sostener la importación de gas para el abastecimiento de la demanda primaria en 2021».
«La fiesta de los subsidios los pagamos todos los argentinos», consideró la legisladora.