El juez Carlos Alberto Frascarolo, titular del Juzgado del Trabajo de la Iª Nominación del Centro Judicial Capital, declaró la inconstitucionalidad, para el caso concreto, del párrafo incorporado al artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo por el artículo 56 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que habilita a las micro, pequeñas y medianas empresas a cancelar sentencias condenatorias en hasta doce cuotas mensuales. La resolución, dictada en un juicio por cobro de pesos iniciado el 20 de agosto de 2024 y concluido con sentencia definitiva el 9 de abril de 2026, ordenó a una firma dedicada a la comercialización de calzado en la capital provincial que abone de una sola vez la suma de $8.265.686,74 reconocida a favor de la trabajadora demandante.
La empresa había solicitado el 1 de julio autorización para fraccionar el pago en doce cuotas, invocando su condición de MiPyME y dificultades económicas vinculadas a la crisis del sector comercial, y acompañó un certificado de esa categoría junto con estados contables. El magistrado rechazó el pedido tras considerar que la sola acreditación de MiPyME no demuestra que el pago inmediato comprometa la continuidad de la actividad o la preservación de los puestos de trabajo, y observó que los balances al 30 de abril de 2025 registraban un activo total de $1.261.174.392, un patrimonio neto de $625.104.153 y disponibilidades por $172.899.467, datos que no justificaban la dilación.
Frascarolo fundó la inconstitucionalidad en la vulneración del carácter alimentario de los créditos laborales, del derecho de propiedad y del principio de igualdad consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional. Sostuvo que el mecanismo traslada a la trabajadora las consecuencias del tiempo transcurrido y la coloca en la situación de financiar, en contra de su voluntad, al empleador condenado, mientras que quien cumple voluntariamente sus obligaciones no cuenta con esa facilidad. También remarcó que la tutela judicial efectiva no se agota en el dictado de una sentencia favorable sino que comprende su efectivo cumplimiento, y que agregar otros doce meses a los diecinueve que ya demandó el proceso principal afecta la eficacia de la protección obtenida.
El Ministerio Público Fiscal dictaminó a favor de la declaración de inconstitucionalidad, y la trabajadora se había opuesto al planteo empresarial. El fallo se suma a una línea jurisprudencial que cuestiona aspectos de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, y recuerda que la remuneración laboral cuenta con protección constitucional que exige el cumplimiento íntegro y oportuno de las obligaciones salariales, de modo que la nueva disposición resulta incompatible con el principio protectorio del derecho del trabajo.
