El Gobierno nacional postergó hasta el 30 de abril de 2027 las privatizaciones de las centrales hidroeléctricas de jurisdicción nacional cuyos contratos de concesión, originados en el proceso de la década de 1990, ya vencieron y aún no fueron sometidos a nueva licitación pública nacional e internacional. Entre los once complejos alcanzados figuran los tucumanos El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, que desde el 30 de julio de 1996 operó Hidroeléctrica Tucumán SA bajo un contrato de treinta años que se extinguió el mismo día de 2026.
La medida quedó instrumentada mediante el Decreto 1349/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo el 6 de noviembre y publicado el miércoles 11 en el Boletín Oficial número 36030. El texto establece que las actuales concesionarias continuarán operando las instalaciones en las condiciones de sus contratos originales y del propio decreto hasta el 30 de abril de 2027 inclusive, o hasta que los nuevos adjudicatarios tomen posesión de los complejos, lo que ocurra primero, siempre que remitan a la Secretaría de Energía una carta de adhesión dentro de los siete días corridos de la entrada en vigencia.
En el caso de Tucumán, esta prórroga se suma a la que la Resolución 168/2026 de la Secretaría de Energía había dispuesto el 27 de julio, cuando el contrato original vencía el 30 de ese mes: en esa oportunidad se fijó un período de transición hasta el 15 de diciembre de 2026 para preservar la seguridad de las personas y los bienes. La provincia mantiene el 39 por ciento del paquete accionario de Hidroeléctrica Tucumán SA, condición que deriva de su carácter de propietaria de la represa El Cadillal y de la responsabilidad que asume en el mantenimiento de infraestructura de riego y agua potable; el control mayoritario recae en Holdec Inversora, grupo liderado por José Darío Clebañer.
Según datos del Organismo Regulador de Seguridad de Presas, El Cadillal cuenta con 13 megavatios de potencia instalada y una generación media anual de 48 gigavatios-hora, mientras que Escaba aporta 18 megavatios y 69 gigavatios-hora; el conjunto de los tres complejos —que incluye también Pueblo Viejo— alcanza unos 52 megavatios y una producción cercana a los 170.000 megavatios-hora anuales. Aunque modestos en el total nacional, estos aprovechamientos forman parte de un paquete de once complejos que suman 1.127,7 megavatios, poco más del 2,5 por ciento de la capacidad instalada del país, y cuyo valor de referencia al 2024 se estimó en 1.356 millones de dólares según un informe de la Cámara Argentina de la Construcción, cifra que no constituye una tasación comercial.
Las licitaciones de estos activos, junto con las ya avanzadas en el Comahue, podrían aportar cerca de 200 millones de dólares a la caja del Ministerio de Economía, según cálculos que toman como referencia lo recaudado a principios de año con las ventas de las grandes represas de Neuquén y Río Negro. El decreto delega formalmente en la Secretaría de Energía las facultades para fijar las pautas de las nuevas licitaciones públicas nacionales e internacionales, elaborar la documentación, otorgar las concesiones y suscribir los contratos, en el marco de las Leyes 15.336 y 24.065 y en respuesta al vencimiento de los plazos del régimen instaurado bajo la Ley 23.696.
Además de los tres complejos tucumanos, la norma alcanza a Agua del Toro, Los Reyunos y El Tigre en Mendoza (operados por Hidroeléctrica Diamante, controlada por Pampa Energía), Cabra Corral y El Tunal en Salta (AES Argentina Generación), Río Hondo y Los Quiroga en Santiago del Estero, y Futaleufú en Chubut (Hidroeléctrica Futaleufú, controlada por Aluar, con 560 megavatios, el activo de mayor escala del grupo). Si alguna concesionaria no presenta la carta de adhesión, queda obligada a continuar generando durante al menos 45 días hábiles, período en el que el Estado adoptará las medidas necesarias para asegurar la continuidad del servicio.
En los considerandos se destaca que la energía hidroeléctrica constituye una fuente renovable, limpia y estratégica para aportar confiabilidad al Sistema Argentino de Interconexión. La postergación forma parte del plan más amplio de privatizaciones energéticas con el que el Gobierno busca obtener dólares para el pago de deuda en 2027; en paralelo avanzan procesos sobre el 44 por ciento de las acciones del Estado en Nucleoeléctrica Argentina y sobre otros activos de Energía Argentina.
