El vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán Daniel Posse prorrogó con su sola firma a Adela María Seguí como directora académica de la Escuela Judicial del Consejo Asesor de la Magistratura hasta agosto de 2033, mediante la Resolución 256/2025 del 7 de agosto de 2025. Tres días antes, el 4 de agosto, el propio Consejo había aprobado por unanimidad el Acuerdo 82/2025, una reforma del reglamento que no figuraba en el orden del día y que otorgó a la Presidencia la facultad de prorrogar a quien ya ocupaba el cargo «por los períodos que decida», hasta diez años cada vez. El pleno del CAM ya la había renovado hasta el 30 de abril de 2026 mediante el Acuerdo 73/2024, con evaluación del Consejo Académico de por medio. En octubre de 2025, otra firma de Posse (Resolución 381/2025) le asignó un cargo permanente de Secretario de Corte. Ninguna de las dos decisiones fue informada a los consejeros en las diecisiete sesiones posteriores, hasta el 29 de septiembre de 2026. La reconstrucción se basa en actas y resoluciones que el propio CAM publica en su sitio, según consignó El Tucumano.
La Escuela Judicial depende del CAM y forma a quienes aspiran a ser jueces, fiscales y defensores de la provincia. El organismo toma los exámenes, entrevista a los candidatos y arma las ternas de las que el gobernador elige a quién designar. Lo integran representantes de la Corte, de los jueces, de los abogados y de la Legislatura, y se renueva cada dos años. Adela Seguí, exdecana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán, ganó en 2022 el concurso para dirigirla. El cargo que obtuvo duraba dos años y era temporario. En abril de 2024 el Consejo la renovó por otros dos años, hasta el 30 de abril de 2026, después de que el órgano que supervisa la Escuela, el Consejo Académico, aprobara su gestión.
El lunes 4 de agosto de 2025, a las 9.34, el Consejo Asesor de la Magistratura abrió una sesión que parecía de rutina. El temario tenía nueve puntos: concursos para cubrir juzgados y una adhesión institucional. A las 11.23 se levantó la sesión. En el punto «Asuntos varios», pensado para comentarios y temas menores, el legislador oficialista y presidente de Atlético Tucumán Mario Leito presentó una reforma completa del reglamento del Consejo. Recordó que en junio se había encargado una propuesta para reorganizar el organismo y dijo que estaba lista y que todos tenían copia. El proyecto reordenaba áreas, creaba comisiones y daba estabilidad a los empleados. Tenía un apartado sobre la Escuela. Leito fue claro: «Creemos necesario y conveniente darle facultades a la Presidencia para que considere si es necesario que los periodos que debe tener quien conduce la Escuela Judicial pueden ser aplicados en un segundo mandato, o no, y a esas facultades se la otorgamos, pura y exclusivamente, también, a usted, en este caso a la Presidencia».
Los consejeros pasaron a un cuarto intermedio de una hora, a solas. Al volver, Edgardo Sánchez propuso votar en ese mismo momento. La reforma se aprobó por unanimidad (Acuerdo 82/2025). El acta no registra la votación previa para aceptar el tema nuevo, como exige el reglamento para tratar asuntos no incluidos. Siete meses después, en marzo de 2026, el mismo Consejo sí hizo esa votación antes de tratar otro asunto de la Escuela. Buena parte de la reforma ordenó el organismo y, esa misma semana, permitió confirmar y ascender a una decena de empleados. La cláusula central dice, en síntesis: desde ahora, al director de la Escuela lo elige el Consejo completo, por concurso, por hasta diez años. Pero para quien ya estaba en el cargo, la decisión quedó en manos de una sola persona: el presidente puede prorrogarla «por los períodos que decida», hasta diez años cada vez. Como el límite es para cada prórroga y no para el total, puede renovarla sin fin. En agosto de 2025, la única persona en esa situación era Adela Seguí.
Esa mañana estaba en la sala la camarista Malvina Seguí, hermana de la directora. Era consejera suplente. Como el titular de su banca, Edgardo Sánchez, estaba presente, ella podía hablar, pero no votar. Y habló: hizo la intervención más larga del día, unas cuatro páginas del acta, en defensa de la reforma. Agradeció «la confianza depositada por el señor presidente» y contó que el grupo había trabajado «con la directriz que nos dio el Presidente». No mencionó la cláusula de la Escuela. Pero el acta la muestra como una de las autoras del proyecto: Sánchez le agradeció por haber expuesto «cada uno de los puntos». Al cierre, fue ella quien propuso a qué consejera entregarle la copia firmada. Recién antes de votar pidió que constara «su excusación». Se excusó solo de la votación, en la que igual no podía votar. De la discusión, que es donde se forma la decisión, ya había participado. En marzo de 2022, durante las entrevistas del concurso que ganó su hermana, el acta registra que «se retiró de la sala virtual por encontrarse excusada respecto de la postulante Adela Seguí». En 2022 se fue de la sala. En 2025, frente a la reforma que permitió prorrogar a su hermana ocho años sin un nuevo concurso, se quedó y la defendió.
El jueves 7 de agosto, Posse firmó la Resolución 256/2025. Tiene dos páginas. Su parte central dice: «DISPONER la prórroga de la designación de la Dra. Adela María Seguí, DNI. 12.675.710, Legajo N° 9.385, en el cargo de Directora Académica de la Escuela Judicial, desde el día de la fecha y por el plazo de ocho años». Para justificarla, Posse escribió que la Escuela lleva adelante un proyecto de largo plazo que «exige continuidad en la conducción académica», y destacó la «reconocida trayectoria» de Seguí. Aclaró también que eligió ocho años y no los diez que permitía la regla. La resolución no tiene una evaluación de su gestión ni una propuesta del Consejo Académico, como en 2024. El mandato de Seguí no estaba por vencer: le quedaban casi nueve meses. La prórroga no llegó para cubrir un vencimiento, llegó para adelantarlo y multiplicarlo por cuatro. Siete de los nueve consejeros que en 2024 firmaron la renovación con evaluación, Posse incluido, estuvieron en la sesión de 2025 que aprobó, por unanimidad, la regla que permitió ocho años sin ninguna. El Consejo Académico estuvo sin integrar. Según las actas de febrero y marzo de 2026, recién entonces se lo volvió a conformar, a pedido de Posse y por una propuesta de Malvina Seguí. Posse quedó como uno de sus miembros. El que firmó la prórroga integra hoy el órgano que debe evaluar a la directora.
Desde 2022, el puesto de Seguí era temporario. El 22 de octubre de 2025, otra resolución con la sola firma de Posse cambió eso (Resolución 381/2025). Le asignó a la directora un puesto vacante de la planta permanente del Poder Judicial: un cargo de Secretario de Corte, con el sueldo de un juez de primera instancia, «mientras ejerza sus funciones» en la Escuela. El sueldo no cambia: Seguí ya cobraba eso desde 2022. Lo que cambia es la naturaleza del puesto. Un cargo temporario termina con la designación. Uno permanente forma parte de la planta estable. La propia resolución lo dice sin rodeos: los plazos de la designación y sus prórrogas, escribió Posse, «en casos concretos equivale a la permanencia». La ley que creó el CAM fija un criterio sobre esto. Para su Secretaría, establece que el cargo permanente «deberá ser creado en la Ley de Presupuesto» y que, mientras tanto, el presidente solo puede designar a alguien «en carácter de temporario». Para darle estabilidad a la directora, Posse no esperó una ley. Tomó una vacante de otro cargo, con otra función, y se la asignó. La resolución cita un informe de la administración del Poder Judicial que dejó ese puesto disponible «según lo disponga el Consejo Asesor de la Magistratura». El Consejo nunca lo dispuso. Lo hizo su presidente, que avisó al Tribunal de Cuentas, pero no a los consejeros. La resolución menciona también un dictamen legal que no se muestra en la página del consejo.
El presidente del CAM puede firmar resoluciones por su cuenta, para agilizar la administración. Pero el reglamento le pone un control: tiene que informarlas a los consejeros en la sesión siguiente. El Tucumano leyó las actas de las diecisiete sesiones que siguieron a la prórroga: seis de 2025 y once de 2026, hasta el 29 de septiembre. En ninguna aparece la prórroga de la directora ni su puesto permanente. Las resoluciones están en la web del CAM. Pero nadie las presentó ante los consejeros, que eran quienes debían controlarlas. El 13 de octubre de 2025, Posse planteó en la sesión lo que llamó «un tema menor»: una resolución para que la Secretaría pudiera autorizar compras menores. La informó y la sometió a la aprobación del Consejo. Para delegar la compra de insumos, pidió el aval de los consejeros. Para dejar a la directora ocho años más y darle un puesto permanente, no dijo una palabra. La ley del CAM obliga a los consejeros a apartarse por los mismos motivos que los jueces. Entre ellos, el parentesco y la «amistad que se manifieste por una gran familiaridad o frecuencia de trato». Nadie lo planteó en esta historia. El parentesco entre las hermanas Seguí lo reconoció el propio Consejo en 2022. La amistad con el presidente la hizo pública la propia Malvina Seguí en Facebook el 24 de noviembre de 2019, con una foto que incluye a Adela Seguí, Daniel Posse y Marcelo Billone, describiéndola como «la imagen de la felicidad de la amistad que está viva luego de 40 años».
En el Consejo Asesor de la Magistratura, Malvina Seguí defendió la reforma que permitió prorrogar a su hermana hasta 2033 y nunca preguntó por las resoluciones que la beneficiaron. En la Asociación de Magistrados, como candidata opositora, reclama información completa, actas con la posición de cada integrante y padrones sin manipulación. En una nota a la conducción escribió que nunca había presenciado un nivel semejante de opacidad, demora y falta de claridad, y sostuvo que ninguna autoridad está por encima de la ley y que una entidad de la magistratura debe ofrecer los mayores estándares de transparencia. En su amparo electoral pidió competir con padrones correctamente confeccionados, sin manipulación de ningún tipo. Las reglas que hoy exige a la Asociación son las mismas que el CAM no aplicó a su hermana. La reforma se aprobó «por unanimidad», sin que el acta registre cómo votó cada consejero, y las dos resoluciones que la beneficiaron nunca llegaron a la mesa del Consejo.
Para ir a la Justicia contra la Asociación de Magistrados, Malvina Seguí eligió como abogado a Eugenio Racedo. Él patrocina el amparo electoral con el que ella pidió frenar los comicios. Racedo no es un abogado cualquiera en esta historia. Entre 2023 y 2025 fue consejero titular del CAM por los abogados del Sur. En abril de 2024 firmó la renovación de Adela Seguí por dos años, con evaluación de por medio. El 4 de agosto de 2025 estuvo en la sesión de la reforma, la votó y firmó el acuerdo que le dio al presidente la facultad de prorrogar a la directora sin evaluación. Hoy los dos siguen en el mismo organismo: ella como consejera titular, él como suplente por los abogados del Sur. Y fuera del CAM, él es su abogado. Malvina Seguí fue fiscal de Estado durante el gobierno de Julio Miranda. En ese cargo le correspondía defender a la provincia en el conflicto con la Compañía de Aguas del Aconquija. El 3 de abril de 2000, por el Decreto 580/1, firmado por el vicegobernador Sisto Terán, la provincia retiró la demanda que la propia Fiscalía de Estado había presentado contra la empresa. Un informe de 2002 consignaba que «la ex fiscal de Estado Malvina Seguí desistió de la demanda» y que la gestión siguiente intentó reiniciarla. En paralelo, la empresa litigaba contra la Argentina ante el tribunal arbitral del Banco Mundial en el caso CIADI ARB/97/3. El laudo del 20 de agosto de 2007 condenó al país a pagar 105 millones de dólares más intereses por actos de la administración tucumana de 1996 y 1997. La provincia terminó asumiendo cerca de 170 millones de dólares, pagados en cinco cuotas durante 2016, con la posibilidad de afectar fondos coparticipables. Es uno de los pagos más onerosos que Tucumán afrontó por un pleito perdido.
Adela Seguí, como decana de Derecho, presidió entre 2015 y 2022 la Comisión Especial del Consejo Superior de la UNT que debía investigar el destino de los fondos de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD). La Ley 14.771 destina el 40% de las utilidades de la empresa minera a construir la Ciudad Universitaria de San Javier. Entre 2006 y 2009 la UNT recibió por ese concepto unos 353 millones de pesos, unos 85 millones de dólares de la época, que se aplicaron a otras obras, con sobreprecios, y el 2 de enero de 2008 el rectorado firmó un acta que declaró «terminada» una Ciudad Universitaria que nunca existió, lo que redujo los fondos a la mitad y los volvió de libre disponibilidad. La Fiscalía Federal estimó el perjuicio en más de 84.000 millones de pesos actualizados a 2023, el equivalente a un año de funcionamiento de la universidad. La comisión que presidió Seguí no formuló denuncia penal. El 25 de abril de 2017, en sesión secreta, el Consejo Superior resolvió no denunciar; en diciembre de ese año Seguí pidió sobre tablas reconstituir la comisión. La causa avanzó por impulso de la Justicia Federal, no de la universidad. Hoy Adela Seguí dirige la Escuela Judicial del Poder Judicial de Tucumán y otorga certificados de aptitud para ser juez en la provincia.