La comunidad de la Universidad Nacional de Tucumán registra este jueves 15 de octubre una jornada de paro convocada por la Asociación de Docentes e Investigadores (Adiunt) y se suma a la quinta Marcha Federal Universitaria, con concentración programada para las 17 horas en las puertas del Rectorado, desde donde la columna avanzará hasta Plaza Independencia, en reclamo del pleno cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y de una recomposición de los haberes docentes y no docentes.
El Honorable Consejo Superior, bajo la presidencia del rector Sergio Mohamed, aprobó por unanimidad en su sesión ordinaria del martes 13 de octubre la adhesión a la convocatoria, mediante un documento que sostiene que la norma fue sancionada por el Congreso de la Nación conforme a los procedimientos constitucionales, solicita su cumplimiento al Poder Ejecutivo Nacional, reitera la disposición al diálogo institucional y reafirma la defensa de la autonomía universitaria consagrada en la Constitución junto al compromiso con la transparencia en el uso de los recursos públicos.
La medida de fuerza de Adiunt, que alcanza a docentes universitarios y preuniversitarios de facultades y escuelas experimentales, responde al mandato de su Asamblea General del 25 de septiembre y tiene por objeto garantizar la participación en la movilización, mientras la secretaria general Anahí Rodríguez anticipó que la marcha debe ser el punto de partida de un proceso de huelga sostenida hasta que el Gobierno abone el 33,4 por ciento de deuda salarial reclamado por el sector.
El rector Mohamed, en declaraciones a medios locales, señaló que la Ley de Financiamiento Universitario fue diseñada como un mecanismo de previsibilidad económica para corregir las asimetrías que genera la inflación sobre las estructuras fijas de costos del sistema, y advirtió que el atraso salarial produce la migración de recursos calificados hacia el sector privado, afectando las tasas de retención del plantel, al tiempo que la falta de actualización de los fondos para Ciencia y Técnica desacelera los proyectos de investigación que requieren insumos y equipamientos importados.
El conflicto se inscribe en la disputa por la Ley 27.795, sancionada en agosto de 2025, vetada por el Ejecutivo y ratificada por insistencia de ambas cámaras con las mayorías requeridas por el artículo 83 de la Constitución, cuya aplicación fue condicionada mediante el Decreto 759/2025 y posteriormente ordenada por el juez federal Martín Cormick el 6 de octubre al declarar inconstitucional la cláusula suspensiva y disponer el cumplimiento inmediato con el dictado de las normas reglamentarias necesarias.
Horas antes de la movilización de este jueves, el mismo magistrado hizo efectivo un apercibimiento e impuso astreintes de cien mil pesos diarios al jefe de Gabinete Diego Santilli por el incumplimiento verificado de la cautelar que ordena recomponer y actualizar salarios y garantizar fondos para becas, mientras el Gobierno apeló el fallo de fondo ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal y el proyecto de Presupuesto 2027 prevé partidas para las universidades inferiores en términos reales a las de 2023, según análisis de organizaciones especializadas.
En Tucumán, la adhesión se anticipa heterogénea según las unidades académicas, con mayor acatamiento esperado en Filosofía y Letras, Artes y Agronomía, y el llamado se extiende a estudiantes, no docentes, graduados y a toda la comunidad tucumana, en coincidencia con expresiones simultáneas de la Marcha Federal en otras ciudades del país, en un conflicto que durante 2026 ya acumuló numerosas jornadas de medidas de fuerza.
