El gobernador Osvaldo Jaldo habría definido la postura de sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación frente a la sesión convocada para este jueves. Fuentes legislativas del bloque Independencia le confirmaron a El Federalista que el mandatario le pidió a sus tres diputados que se ausenten del recinto, una decisión que puede resultar determinante para el tratamiento del DNU 70/2023.
La instrucción alcanza a Gladys Medina, Javier Noguera y Elia Fernández, los legisladores que responden al gobernador tucumano. La oposición necesita reunir 129 diputados para abrir la sesión y debatir la derogación del decreto que Javier Milei firmó al inicio de su gestión. La ausencia de los representantes tucumanos sería clave para hacer caer la sesión.
La novedad se conoció después de un movimiento clave del oficialismo en el Congreso. En un plenario de las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales, La Libertad Avanza acordó con bloques aliados restituir los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. El cambio quedó incorporado al dictamen del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que el oficialismo prevé tratar el 21 de octubre.
La modificación apunta a recuperar las restricciones que establecía la Ley de Tierras, derogada por el artículo 154 del DNU 70/2023. Con ese acuerdo, el Gobierno busca responder a uno de los principales cuestionamientos de los sectores dialoguistas, sin poner en riesgo el conjunto del decreto.
La decisión también coincide con el reciente fallo de la Corte Suprema, que restableció de manera provisoria la vigencia de la Ley de Tierras mediante una medida cautelar.
La estrategia de Jaldo, clave para el quórum
Como contó El Federalista, la posición de Jaldo era una de las principales incógnitas de cara a la sesión. El gobernador todavía no había dado señales públicas concluyentes sobre el comportamiento de sus diputados, pese a los contactos del Gobierno nacional y los reclamos de las asociaciones vinculadas a la discapacidad.
Ahora, según pudo confirmar este medio a través de fuentes legislativas del bloque Independencia, la instrucción sería evitar la presencia de los tres representantes tucumanos en el recinto.
El escenario adquiere relevancia por las cuentas que manejan los sectores opositores. De acuerdo con la información publicada por La Política Online (LPO), los bloques que promueven la derogación partían de una base de 110 diputados y esperaban sumar seis representantes cordobeses, tres catamarqueños y cuatro misioneros. Esa combinación les permitiría alcanzar 123 bancas, por lo que todavía necesitarían otros seis diputados para llegar al quórum.
En ese contexto, las decisiones de los legisladores que responden a Jaldo y al gobernador salteño Gustavo Sáenz pueden inclinar la balanza. La ausencia de los tucumanos reduciría las posibilidades de la oposición de abrir la sesión, aunque el resultado final dependerá de la asistencia del resto de los bloques.
El acuerdo sobre la Ley de Tierras introdujo, además, una nueva variable en la disputa parlamentaria. Mientras el oficialismo busca desactivar el intento de derogar el DNU en su totalidad mediante concesiones puntuales, la oposición sostiene su convocatoria para debatir la continuidad de la norma.
La definición del gobernador tucumano agrega incertidumbre a una sesión en la que el quórum será el primer obstáculo. Si se cumple la instrucción transmitida a los diputados de Independencia, Jaldo habrá fijado una posición concreta frente a una de las principales pulseadas legislativas del Gobierno nacional.
Qué leyes podrían volver a regir si cae el DNU 70/23
La discusión en Diputados excede los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Si el Congreso deroga el DNU 70/2023, también podrían recuperar vigencia distintas leyes y regulaciones que Javier Milei eliminó al inicio de su gestión.
Entre las principales normas aparecen la Ley de Alquileres, la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas. La primera establecía un marco específico para los contratos de alquiler; la segunda habilitaba herramientas de intervención estatal ante situaciones de desabastecimiento o distorsiones de precios; y la tercera fijaba condiciones para la exhibición de productos en supermercados, con disposiciones favorables a las pequeñas y medianas empresas.
También podría recuperar vigencia la Ley de Compre Nacional, que otorgaba preferencias a proveedores argentinos en determinadas contrataciones públicas. A ese listado se suman regulaciones vinculadas con el mercado aerocomercial, la actividad turística y distintos sectores productivos.
El alcance de una eventual derogación es uno de los argumentos que utiliza el oficialismo para sostener el decreto. La estrategia de restituir los límites a la venta de tierras busca atender uno de los reclamos de los bloques aliados sin poner en riesgo el resto del esquema de desregulación económica.
