La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (Adiunt) convocó a un paro de actividades para este jueves 15 de octubre, con el objetivo de garantizar la participación de docentes universitarios y preuniversitarios en la quinta Marcha Federal Universitaria, que se replicará en distintos puntos del país en reclamo del pleno cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y de una recomposición salarial que los gremios estiman pendiente en torno al 33 por ciento.
En Tucumán la concentración está prevista a las 17 horas en el Rectorado de la UNT, en calle Ayacucho 491, desde donde la columna avanzará hasta Plaza Independencia. La convocatoria se extiende a estudiantes, trabajadores no docentes, graduados y a la comunidad tucumana en general, y se enmarca en un conflicto que, según relevamientos locales, ya acumuló 45 días de paro docente durante 2026, en un contexto de deterioro salarial y presupuestario que afecta el funcionamiento de las casas de altos estudios.
El Honorable Consejo Superior de la UNT expresó su adhesión formal a la movilización a través de un comunicado en el que sostuvo que la Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada por el Congreso de la Nación conforme a los procedimientos constitucionales, solicitó al Poder Ejecutivo nacional su cumplimiento y reafirmó la defensa de la autonomía universitaria y el compromiso con la transparencia en el uso de los recursos públicos. El fallo del juez federal Martín Cormick, del 6 de octubre, declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 que había condicionado la aplicación de la norma, ordenó su ejecución inmediata y fue apelado por el Gobierno nacional, lo que mantiene abierto el litigio sobre salarios docentes, gastos de funcionamiento y becas.
La medida de fuerza afectará el dictado de clases en facultades y escuelas experimentales según el grado de adhesión de cada unidad académica, en una jornada que los gremios vinculan tanto a la falta de avances en las paritarias como a la necesidad de que se garanticen los recursos previstos por la ley que el Congreso insistió tras el veto presidencial. La comunidad universitaria de Tucumán se suma así a una protesta nacional que busca que la norma, estimada en su costo por la Oficina de Presupuesto del Congreso en el 0,23 por ciento del PBI para 2025, se aplique sin las restricciones que el Ejecutivo intentó imponer mediante el decreto de promulgación.
