La Justicia tucumana sumó tres nuevas detenciones en la causa por una organización que, según la acusación, captó sumas superiores a los mil millones de pesos mediante promesas de viviendas y operaciones inmobiliarias que nunca se concretaron. El sábado 10 de octubre la Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, dirigida por Diego Alejo López Ávila y representada en audiencia por la auxiliar Emely Rafael, obtuvo la prisión preventiva por 32 días de dos hombres de 23 y 48 años y una mujer de 34 años, elevando a siete el total de imputados bajo medida cautelar.
El presunto líder de la estructura, identificado como Carlos Marcelo Morales, es señalado como ideólogo, organizador y jefe de la red de carácter familiar y societario. Entre los investigados figura también un efectivo de una fuerza nacional. Tras allanamientos realizados a principios de octubre, la causa acumula entre 13 y 14 hechos imputados y, al 10 de octubre, siete personas detenidas con prisión preventiva (incluidos dos hombres de 23 y 48 años y una mujer de 34 años, formalizados por asociación ilícita y estafas reiteradas). Los delitos atribuidos comprenden asociación ilícita, estafas reiteradas, estelionato, libramiento de cheques sin fondos y desbaratamiento de derechos.
La pesquisa, iniciada en 2023, reconstruye un entramado familiar y societario que operó desde 2021 bajo la denominación comercial Constru Servicios S.A.S. y otras fantasías. Los acusados ofrecían contratos de locación de obra para construcciones “llave en mano”, intervenían en compraventas de lotes que no les pertenecían y recibían efectivo, vehículos, mercadería y cesiones de derechos, a sabiendas de que los fondos no se destinarían al cumplimiento de las obligaciones. Entre los primeros detenidos, el 6 de octubre, figuran quien es señalado como ideólogo y jefe de la estructura y un integrante de una fuerza de seguridad nacional; las nuevas preventivas se suman a las dispuestas días antes para el núcleo inicial.
La carátula comprende asociación ilícita, estafas reiteradas, estelionato y libramiento de cheques sin fondos. La Fiscalía formalizó al menos 14 hechos y continúa la identificación de víctimas y el alcance total del perjuicio, que las primeras estimaciones ubican por encima de los mil millones de pesos. La causa permanece en el fuero provincial y no se han ordenado, hasta el momento, medidas adicionales de secuestro patrimonial más allá de lo ya incautado en los allanamientos.
