La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial recusó sin causa al juez civil Pedro Esteban Yane Mana y lo apartó del expediente 5166/26, el mismo en el que el 2 de octubre había ordenado abrir en 48 horas los libros, viajes y fiestas del ejercicio 2025 bajo apercibimiento de secuestro. La causa, caratulada «Iácono Ana María c/ Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán s/ acción de nulidad», fue a Mesa de Entradas para un sorteo entre los juzgados civiles de la 10.ª a la 16.ª nominación, porque la mayoría de los titulares de la 1.ª a la 8.ª ya se habían excusado por ser miembros de la entidad o por razones personales. El expediente quedó en la 12.ª, a cargo de Inés de los Ángeles Yamuss.
La recusación coincidió con el vencimiento del plazo que Yane Mana había notificado el 6 de octubre. Fuentes judiciales indicaron que la presentación de la conducción no acompañó el inventario que la cautelar exigía para individualizar cada documento, un flanco que deja abierta la discusión sobre si se cumplió la orden o solo una parte. La comisión directiva, en un comunicado a los asociados, sostuvo lo contrario: que entregó en tiempo y forma «la totalidad de la documentación obrante en nuestro poder» y pidió «la más absoluta tranquilidad». El texto no dice que el inventario haya sido agregado.
El juicio nace de los pedidos que la jueza penal de Niños, Niñas y Adolescentes Ana María Iácono formuló durante abril para ver facturas, libros y balances antes de la asamblea del 23. La mañana del cónclave concurrió a la sede con un contador, los comprobantes no se exhibieron y se labró un acta notarial; horas después la asamblea aprobó la memoria y el balance con un informe de dos párrafos de la Comisión Revisora de Cuentas, sin la jueza en la sala. La conducción le respondió que el deber de información «no es absoluto y desordenado» y se reservó acciones disciplinarias por falta de «decoro institucional».
El 22 de julio Iácono, con el patrocinio de César Nieva, demandó la nulidad de esa asamblea y denunció una «indefensión informativa» que habría convertido la aprobación en un trámite a libro cerrado, con reserva de accionar contra los directivos por un eventual dolo por omisión. Yane Mana tuvo por verosímil el pedido y ordenó libros rubricados, facturas, movimientos bancarios, contratos, sueldos, agasajos, fiestas, pasajes, viáticos y telefonía, más la preservación del material. El vicepresidente en ejercicio, Jorge Jakobsen —al frente por la licencia de Marcela Ruiz—, dijo que acatarían y que no había acusación penal. La estrategia cerró con la recusación sin causa en el último tramo del plazo.
Yamuss deberá tomar las actuaciones, decidir si la presentación alcanza la cautelar y resolver si hace efectivo el secuestro de lo no inventariado o admite los papeles. El conflicto, que el 6 de octubre era una intimación de 48 horas, queda ahora entre magistrados: la entidad que los nuclea apartó al juez que le abrió las cuentas, y el sorteo dejó el expediente en un juzgado que todavía no se había excusado.
