El fiscal Enrique Rojas negó haber cobrado sobornos y calificó de falsas las capturas que le atribuyen transferencias de entre 15 y 20 millones de pesos. “Esto es una canallada”, dijo. Hasta hace días encabezaba la Unidad Fiscal de Decisión Temprana de Concepción y fue reasignado a la Capital por decisión del ministro Edmundo Jiménez, medida que él mismo respaldó en nombre de la transparencia.
Las acusaciones circularon a partir de una denuncia con capturas difundidas por Victoria Paradi según las cuales el exlegislador Luis Brodersen le habría girado ese dinero para influir en causas. No hay, hasta ahora, una resolución judicial que tenga por acreditados esos pagos.
Rojas sostuvo que las imágenes repiten el mismo código de transacción, presentado como cuatro transferencias distintas de dos millones de pesos. Aseguró que puso el celular corporativo y el home banking a disposición para que se verifique que esos giros no existieron, y que se reunió de inmediato con el fiscal regional Fernando Blanno para pedir una investigación. “Me autodenuncié, por decirlo de alguna manera”, resumió.
El único vínculo económico que reconoció con Brodersen es un crédito personal tomado en junio a través de la empresa financiera del exlegislador, para cancelar una tarjeta, a una tasa que dijo más conveniente que la bancaria. “¿Habría pagado una coima anticipada? Es totalmente descabellado”, planteó.
La trama de fondo es familiar. En junio Paradi denunció a Leonel Brodersen, hijo del exlegislador y padre de su hija, por violencia de género. A comienzos de septiembre, Luis Brodersen denunció a su hijo y a su nuera por amenazas y extorsión con el fin de obtener un inmueble en Concepción. Rojas dijo que esa denuncia evidenciaba un posible delito y que la derivó de inmediato al fiscal Gerardo Salas, quien pidió los allanamientos.
Según su relato, recibió después un mensaje en el que se le exigía frenar esas medidas. “Yo no era el fiscal del caso y tampoco puedo hacer eso”, afirmó. Al negarse, dijo, vinieron las amenazas de escrache y la difusión de las capturas. También sostuvo que los criterios de la unidad se fijan con secretarios y fiscales auxiliares, y que la discrecionalidad del titular es mínima.
