El debate por la propiedad de tierras rurales por parte de extranjeros volvió al centro de la escena después de la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el artículo 154 del DNU 70/23. El máximo tribunal dejó sin efecto una resolución que había declarado inconstitucional esa disposición, aunque luego aclaró que su fallo se concentró en una cuestión procesal y no resolvió la validez constitucional del régimen de tierras en forma definitiva.
En ese contexto, el vocero presidencial Adrián Ravier defendió la posición del Gobierno nacional y rechazó que la posibilidad de que extranjeros compren inmuebles rurales implique una pérdida de soberanía.
Durante una entrevista con LG Play, el funcionario apeló a los principios constitucionales vinculados con la llegada de inmigrantes y capitales al país. Para Ravier, esa apertura forma parte de la tradición jurídica argentina y encuentra uno de sus principales antecedentes en las ideas de Juan Bautista Alberdi.
“Siempre se planteó que cualquier extranjero que quisiera invertir en suelo argentino simplemente tenía que responder a las reglas como cualquier ciudadano argentino”, afirmó.
El vocero sostuvo que el Gobierno busca respetar ese criterio y cuestionó las interpretaciones que vinculan la adquisición de tierras por parte de particulares extranjeros con una cesión de soberanía.
“Nosotros creemos que la Constitución hay que respetarla”, sostuvo Ravier. Según su planteo, que una persona que no nació en la Argentina pueda adquirir una propiedad “de ninguna manera significa perder soberanía”.
La diferencia entre un propietario extranjero y un Estado
Uno de los puntos centrales de la explicación de Ravier fue la distinción entre una inversión privada y la adquisición de tierras por parte de un Estado extranjero.
El funcionario recordó que el debate legislativo sobre el régimen de tierras contempló restricciones específicas para los Estados extranjeros. Su argumento apunta a que esas limitaciones no deberían extenderse de la misma manera a una persona o una empresa privada que pretenda desarrollar una actividad productiva en el país.
“Cuando un extranjero compra una tierra, no se apropió de la tierra”, afirmó.
Como ejemplos, mencionó la posibilidad de que un ciudadano español compre un coto de caza en La Pampa, que una compañía adquiera tierras para producir limones en Tucumán o que una empresa invierta en cultivos de soja y trigo en la zona de Rosario.
Para el vocero presidencial, el punto central está en las obligaciones que debe asumir el propietario. “Respeta las reglas, las normas, paga impuestos en relación de igualdad de condiciones con cualquier otro ciudadano argentino”, afirmó.
Ravier ya había expresado una posición similar en una conferencia de prensa oficial. En julio, sostuvo que “extranjeros pueden comprar tierras, pueden invertir, pueden producir”, mientras remarcó que ningún gobierno extranjero puede adquirir tierras argentinas bajo el esquema que defendía el Ejecutivo.
El cruce con la oposición
El funcionario también cuestionó las críticas que surgieron desde distintos sectores políticos tras el fallo de la Corte Suprema.
Ravier rechazó la asociación directa entre la compra de tierras por extranjeros y una supuesta pérdida de soberanía. “Mezclar eso con la soberanía es confundir a la población”, sostuvo.
Luego apuntó contra la oposición: “Eso es lo que ha hecho, creo yo, la oposición y eso es lo que ha generado confusión”.
El planteo del vocero coincidió con la posición general que el Gobierno sostuvo durante el debate sobre la legislación vinculada con la propiedad privada y las tierras rurales: la apertura a inversores extranjeros es presentada por el Ejecutivo como una herramienta para atraer capitales y promover actividades productivas.
Qué resolvió la Corte Suprema
La controversia judicial tuvo como origen el artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras Rurales 26.737. Esa normativa establecía, entre otras restricciones, un límite del 15% para la titularidad extranjera sobre el total de las tierras rurales del país.
La demanda fue presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM). En 2024, la Cámara Federal de La Plata había declarado inconstitucional el artículo del DNU que derogó el régimen.
La Corte Suprema revocó esa decisión al considerar que la organización demandante no tenía legitimación suficiente para plantear ese reclamo. Después de la repercusión política que generó la sentencia, el propio máximo tribunal aclaró que no se pronunció sobre la constitucionalidad de fondo del régimen de tierras.
En ese escenario, Ravier respaldó la actuación del tribunal y sostuvo: “Yo creo que acá la Corte Suprema ha respetado la Constitución”.
El debate, de todos modos, continúa abierto. La propia Corte señaló que existen otros procesos judiciales vinculados con la normativa y que quienes consideren afectados sus derechos pueden recurrir a la Justicia.
