La Municipalidad de San Miguel de Tucumán pondrá en marcha el jueves 1° de octubre el Padrón Municipal Digital de Propietarios de Vehículos y Conductores que prestan servicio a través de Uber, DiDi, Cabify y plataformas equivalentes. El operativo, se extenderá hasta el 30 de noviembre.
La inscripción arranca en CiDiTuc. El chofer debe cargar DNI, licencia profesional D1 —o la categoría que corresponda por cilindrada, si trabaja en moto—, certificado de reincidencia y una fotografía tipo selfie. El vehículo, de no más de 13 años de antigüedad, exige informe de dominio, VTV vigente y un seguro para transporte oneroso de pasajeros. Si el auto no es del conductor, hay que acreditar autorización por Mi Argentina. Después viene la inspección presencial y un código QR en el rodado.
La asistencia física se ofrece en el Trencito del Parque 9 de Julio, de 8 a 13, y en Sáenz Peña 56, de 8 a 16. El Municipio presenta el padrón como transparencia y seguridad. El archivo de este medio permite leer otra secuencia.
En junio, El Federalista documentó que solo en la Capital operan entre 3.000 y 5.000 conductores de Uber Moto y cerca de 9.000 si se suman los autos. El Concejo —uno de los más caros del país, con un gasto por edil que la Fundación Libertad ubicó entre los más altos— avanzó entonces con cupos, restricciones territoriales y un aparato de inspección con facultad de secuestro. El pretexto fue regular. El efecto, gravar la movilidad de quienes no tienen otra caja que el viaje.
El 31 de agosto, la misma redacción describió la Municipalidad como una caja negra de 349.783 millones de pesos en el Presupuesto 2026, con 110.000 millones —el 31,5%— absorbidos por la basura, más del doble del promedio de ciudades argentinas que midió el Banco Mundial. En mayo, la concejala Ana González denunció contrataciones directas por 2.700 millones a cooperativas de alta reciente y precios que no resistían comparación. Un secretario municipal, según esa denuncia, maneja por contratación directa lo que un ministro provincial no puede firmar.
Ese es el contexto del padrón. Cabify se inscribió; Uber y DiDi no entregaron nóminas. Entonces la Intendencia corre el costo hacia el trabajador: licencia profesional, póliza onerosa, VTV, trámite digital y fila en el Parque 9 de Julio. El TEM del 1,25% ya pesa sobre las empresas. El seguro comercial y el D1 pesan sobre el chofer que vive del viaje corto.
En diciembre de 2025, cuando un accidente de moto sirvió para justificar la reglamentación y un choque de colectivos regulados no mereció comunicado, este medio señaló la hipocresía. El patrón no cambió. Se digitaliza la cobranza del Tribunal de Faltas —convenio con Banco Macro, QR y Payway— y se presenta como modernización. Se empadrona al motoquero y se presenta como orden. La voracidad no está en el código QR: está en una administración que no rinde el gasto propio y multiplica requisitos sobre quien menos margen tiene para pagarlos.
