La Legislatura de Tucumán aprobó el nuevo Régimen Especializado de Ejecución Penal Juvenil, con una votación nominal que terminó con 44 votos afirmativos y uno negativo. Con esta sanción, la provincia se convirtió en la primera del país en adecuar su marco legal a la Ley Nacional N° 27.801.
La norma establece las reglas para la ejecución de medidas y penas impuestas por la Justicia a adolescentes de entre 14 y 18 años imputados por delitos, siempre que su aplicación corresponda a organismos provinciales.
El nuevo esquema incorpora tareas de supervisión, seguimiento técnico y abordaje socioeducativo. Entre sus principales objetivos aparecen la responsabilización del adolescente, su integración social, la reducción de la reincidencia y la protección de las víctimas y de la comunidad.
El proyecto recibió sanción durante una sesión presidida por el vicegobernador Miguel Acevedo. El texto final surgió de la unificación de cinco proyectos anteriores y tuvo tratamiento en la Comisión de Legislación General, a cargo del legislador Gerónimo Vargas Aignasse.
El trabajo incluyó mesas con representantes de los tres poderes del Estado, integrantes de la Corte Suprema de Justicia, funcionarios de distintos ministerios, jueces, fiscales y abogados. El objetivo fue establecer las herramientas necesarias para aplicar el nuevo régimen dentro de la estructura provincial.
Un sistema específico para adolescentes
La ley determina que las penas deberán cumplirse en establecimientos especializados para menores de 18 años. También establece la creación del Instituto Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil «Cura Brochero», que tendrá a su cargo la ejecución de penas privativas de libertad y otras medidas previstas por la normativa.
Otro de los puntos centrales es la creación del Cuerpo de Supervisores del Régimen Penal Juvenil, bajo la órbita del Poder Judicial.
Sus integrantes tendrán la responsabilidad de realizar el seguimiento individual de cada adolescente, articular con las distintas instituciones, controlar el cumplimiento de las medidas y acompañar el proceso de reintegración social.
El legislador Mario Leito explicó que uno de los debates durante el tratamiento del proyecto estuvo relacionado con la dependencia del nuevo cuerpo. La discusión planteó si debía funcionar dentro del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial. Finalmente, la Legislatura optó por la segunda alternativa.
«Una cosa es la ley sancionada, la baja de imputabilidad, y otra cosa es buscar la manera para la aplicación de la norma», sostuvo Leito, quien también remarcó que el nuevo régimen requiere cambios administrativos, procesales y estructurales.
Vargas Aignasse: «Tucumán es la primera provincia de la Argentina»
El presidente de la Comisión de Legislación General destacó el tiempo que demandó el proceso de adecuación provincial y puso el foco en la articulación entre los distintos poderes.
«Tucumán es la primera provincia de la Argentina, a 25 días de la vigencia de la ley nacional, de terminar la adecuación procesal y el régimen penal juvenil con el plan de integración y transformación personal de ese menor, articulado con todos los poderes del Estado», afirmó Vargas Aignasse.
El legislador también planteó que el objetivo del sistema no debe limitarse a la sanción penal. «Lo que buscamos, además de condenarlo, es recuperarlo y devolverlo a la sociedad mejor de lo que ingresó, ponerle fin a su trayectoria criminal y reincorporarlo», señaló.
En ese sentido, Vargas Aignasse anticipó que será necesario fortalecer los equipos profesionales y adaptar las estructuras provinciales que ya trabajan con menores en conflicto con la ley.
«Tenemos un sistema en la Secretaría de Niñez, Familia y Adolescencia, que son dispositivos para el tratamiento de los menores en conflicto con la ley, que se van a adaptar a las edades correspondientes», explicó.
Reinserción y prevención
El legislador Agustín Romano Norri también destacó el proceso de unificación de las distintas iniciativas que llegaron a la Legislatura.
«Es un trabajo que son cinco proyectos que se han unificado, en los cuales hoy vamos a tener la posibilidad de tener un tratamiento sobre los menores que tengan conflicto con la ley y poder brindarles las herramientas de reinserción laboral», sostuvo.
La legisladora Silvia Elías de Pérez, por su parte, puso el acento en las herramientas que contempla el nuevo sistema para abordar las distintas problemáticas de los adolescentes.
«Lo que está haciendo esta ley es estar presente, educación, tratamiento para consumos problemáticos, tratamiento psicológico», afirmó.
Con la sanción, Tucumán completó la adecuación de su régimen provincial a la nueva legislación nacional y puso en marcha una estructura específica para la ejecución de las medidas y penas destinadas a adolescentes. El nuevo esquema combina el cumplimiento de las decisiones judiciales con mecanismos de seguimiento, asistencia y reinserción.
