La abogada Daniela Marina Moris, en representación de su hija menor de edad y como querellante particular, recurrió ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán contra la autorización otorgada a Rodolfo Tercero Burgos para salir de la provincia.
La medida fue dispuesta por la vocal María Fernanda Bähler, integrante de la Cámara Penal Conclusional Sala I, y fue notificada el 29 de septiembre. El permiso habilitó a Burgos a trasladarse a Salta entre el 1 y el 2 de octubre, con regreso previsto para el día 3.
Moris pidió que la autorización quede sin efecto y reclamó, además, que la ejecución del permiso se suspenda de forma preventiva hasta que la Corte resuelva el planteo.
Las objeciones de la querella
El pedido de salida había sido presentado el 17 de septiembre por el defensor oficial Carlos Monroy. La defensa sostuvo que Burgos viajaría en su vehículo particular para participar de las Jornadas de Institutos de Derecho Constitucional, junto con integrantes de la Cátedra B de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Tucumán.
La querella cuestionó varios aspectos de esa presentación. Según el recurso, la defensa no informó la marca, el modelo ni el dominio del vehículo, tampoco identificó a los supuestos acompañantes ni precisó dónde se alojaría Burgos durante su estadía en Salta.
Moris también puso bajo análisis la representación académica invocada por la defensa. En su presentación señaló que la Cátedra B de Derecho Constitucional no figura entre las entidades organizadoras del encuentro. La dependencia de la UNT que aparece como participante oficial es el Instituto de Derecho Parlamentario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
La fiscal de Cámara Marta Ignacia Jerez respaldó el pedido el 18 de septiembre. Su dictamen tomó como principal argumento el cumplimiento previo de las comparecencias y de las autorizaciones concedidas a Burgos.
Para la querella, ese criterio refleja una situación que se repitió durante el proceso. Tres magistrados distintos autorizaron al menos cinco salidas en un período de trece meses, con destinos como Paraná, Termas de Río Hondo, Catamarca y Córdoba.
Desde esa perspectiva, Moris sostuvo que la obligación de permanecer en Tucumán perdió efectividad y quedó reducida a una restricción formal.
El planteo de Moris
En una entrevista con FM La Tucumana 95.9, la abogada cuestionó la actuación de la fiscalía y de la magistrada que concedió el último permiso.
«el Ministerio Público Fiscal, como en todas las oportunidades, habilita todas las salidas de Burgos, y así también la jueza que en esta oportunidad es María Fernanda Bähler», afirmó.
Sobre las condiciones del viaje, Moris sostuvo:
«Ahora hay una salida que solicita autorización y no da ninguna especificación. Simplemente presenta el abogado de la defensa de Burgos, el Dr. Monroy, que se va a trasladar a Salta del uno al tres —porque se toma un día más, el día sábado también se lo toma— para concurrir en representación de la Universidad Nacional de Tucumán a unas jornadas de Derecho».
La querellante también cuestionó la información vinculada con la supuesta participación de Burgos en las jornadas académicas.
«Burgos además miente, dice que va en representación de la cátedra de Derecho Constitucional, la Cátedra B, presenta una nota, no identifica vehículo, no identifica qué miembros, y además el Poder Judicial lo habilita para que se quede el día sábado en Salta».
Moris sostuvo que las sucesivas autorizaciones alteraron el sentido de la medida cautelar que obliga a Burgos a permanecer en Tucumán. En ese punto, resumió su cuestionamiento con una frase:
«Acá la regla de estar imputado, tener un domicilio y mantenerse en la provincia, se ha convertido en una excepción, porque está más fuera que dentro de la provincia».
Qué pasó con la condena
La causa contra Rodolfo Tercero Burgos, expediente 148/2022, se inició a partir de una denuncia por abuso sexual infantil contra su hija, por un hecho ocurrido cuando la niña tenía tres años.
Durante la investigación se incorporó la declaración de la menor mediante Cámara Gesell y se realizaron peritajes psicológicos y médicos. Esos estudios consignaron indicadores compatibles con abuso sexual.
El 4 de diciembre de 2024, la Cámara Penal Conclusional dictó la Sentencia N° 915 bis y condenó a Burgos a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo. El fallo también estableció la prohibición de ausentarse de Tucumán.
En febrero de 2026, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, con los vocales Daniel Leiva, Daniel Posse y Claudia Sbdar, anuló esa sentencia por un defecto formal. El tribunal consideró la falta de contrainterrogatorio de una psicóloga que declaró como testigo y ordenó realizar un nuevo juicio oral.
La resolución estableció que, en el nuevo debate, no podrá imponerse una pena superior a los cinco años fijados en la condena anulada.
La anulación no eliminó la condición de imputado de Burgos ni las medidas cautelares que pesan sobre él. Por ese motivo, la restricción para salir de la provincia continúa vigente, salvo las autorizaciones excepcionales que otorgue la Justicia.
Reclamo ante instituciones académicas
Además del recurso presentado ante la Corte, Moris envió un escrito de repudio a la Universidad Católica de Salta (UCASAL) y a otras trece instituciones que participan de las Jornadas Interinstitutos Salta 2026.
La abogada pidió que se informe en qué carácter se permitiría el ingreso de Burgos al encuentro y reclamó la aplicación de las normas de protección de la infancia vigentes en el país y de los instrumentos internacionales.
El nuevo planteo judicial quedó así centrado en una cuestión concreta: si correspondía autorizar otra salida de la provincia bajo las condiciones expuestas por la defensa y si los fundamentos utilizados para concederla resultaron suficientes frente a las medidas cautelares que todavía pesan sobre el imputado.
