El pedido para intervenir la Intendencia de Graneros no tendrá un tratamiento exprés en la Legislatura. La mayoría oficialista rechazó este miércoles la moción que buscaba reservar el expediente en secretaría y garantizar su incorporación al orden del día de la próxima sesión.
La propuesta partió del legislador José Macome, autor del proyecto de intervención. El planteo abrió una discusión sobre el camino que debe seguir el expediente dentro de la Cámara.
El presidente del bloque del Partido Justicialista, Roque Tobías Álvarez, expresó la posición del oficialismo y sostuvo la necesidad de respetar el procedimiento legislativo. Con los votos del peronismo, la Cámara resolvió que el proyecto avance primero por la Comisión de Asuntos Constitucionales.
De esta forma, la iniciativa deberá obtener un dictamen antes de llegar al recinto. La comisión tendrá a su cargo el análisis del expediente y deberá definir si existen elementos para habilitar su tratamiento en una sesión.
La oposición reclama celeridad
El proyecto lleva el número 350-PL-26 y plantea la intervención de la comuna con base en el artículo 139 de la Constitución de Tucumán, que contempla esta posibilidad ante situaciones de «grave desorden institucional».
El reclamo opositor tomó fuerza a partir de una presentación dirigida a la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Carolina Vargas Aignasse. El documento fue firmado por diez legisladores: Claudio Viña, Walter Berarducci, José Manuel Cano, Eduardo Verón Guerra, José Macome, Raquel Nievas, Ricardo Bussi, José Nicolás Seleme, Manuel Courel y Agustín Romano Norri.
Los parlamentarios reclamaron rapidez para el análisis del expediente y plantearon que los hechos recientes en Graneros justifican una respuesta de la Legislatura.
Uno de los principales argumentos está relacionado con los incidentes del sábado 19 de septiembre, durante la visita del diputado nacional Gerardo Huesen a la localidad. Desde la comitiva denunciaron agresiones, insultos y amenazas por parte de personas que, según su versión, tendrían vínculos con la gestión municipal.
Una denuncia contra la intendenta
A ese episodio se sumó otro elemento que la oposición incorporó a sus cuestionamientos. En junio, la intendenta peronista Raquel Graneros fue denunciada penalmente por presunto enriquecimiento ilícito, a partir de una acusación vinculada con la compra de inmuebles.
Desde el municipio rechazaron las acusaciones y negaron cualquier vínculo con las personas señaladas por las agresiones durante la visita de Huesen.
Pese a esa respuesta, los legisladores opositores sostienen que la sucesión de hechos configura una situación que requiere una intervención institucional. La discusión, por ahora, seguirá dentro de la Legislatura.
El rechazo a la reserva en secretaría impidió que el proyecto avance directamente hacia una sesión. Antes deberá atravesar la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde se definirá si obtiene el dictamen necesario para continuar su recorrido parlamentario.
