El estruendoso silencio sobre Cisneros de Contexto y La Gaceta, los niños mimados de la pauta oficial

El 14 de septiembre el juez federal Guillermo Díaz Martínez citó a indagatoria al diputado Carlos Aníbal Cisneros, a la abogada Patricia Micaela Neme y al empleado de la Caja Popular Federico Petraglia. El auto circula desde el 15. Al 25 de septiembre, los dos medios a los que el Estado tucumano más publicidad oficial autorizó no habían publicado una línea sobre esa orden.

Carlos Aníbal Cisneros no es un legislador más. Es, desde hace tres décadas, uno de los dirigentes con más poder real en Tucumán: secretario de Administración de La Bancaria a escala nacional, diputado nacional, referente del peronismo sindical y pieza central —según ha documentado este medio y según escribió el propio Contexto— en el manejo político de la Caja Popular de Ahorros, el organismo que administra el juego oficial. Cuando un juez federal dice que hay “motivo bastante de sospecha” para sentarlo en un estrado por presunta trata de personas, eso es noticia en cualquier redacción que cubra el poder provincial.

No lo fue en las dos que más plata pública cobran para informar.

El despacho del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, causa 23/2026 (“Denunciado: NN s/ infracción ley 26.364”), está firmado digitalmente por el juez Guillermo A. Díaz Martínez el 14 de septiembre de 2026 a las 14:04:57. En el punto II, “atento al estado de la presente causa, proveyendo lo solicitado por el Sr. Fiscal Federal —a través del dictamen n° 269/25—, y habiendo motivo bastante de sospecha”, cita a prestar declaración indagatoria, en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación, a Federico Petraglia (DNI 41.715.385), Patricia Micaela Neme (DNI 29.785.564) y Carlos Aníbal Cisneros (DNI 16.216.404). Las audiencias quedaron para el 28, el 29 y el 30 de septiembre, a las 9:30, en ese orden. Oficio a la Policía Federal.

La indagatoria no es una condena. Es el acto en el que el imputado conoce los hechos que se le atribuyen y ofrece su defensa. Un juez sólo la ordena si encuentra ese “motivo bastante de sospecha”. En este expediente, es la primera vez que un juez lo afirma respecto de Cisneros. En marzo, un fiscal lo había pedido. El 14 de septiembre, un juez lo dispuso.

Al 25 de septiembre, en los sitios de La Gaceta y de Contexto no había una sola nota sobre esa orden. La página temática “Carlos Cisneros” del diario registra como última entrada una nota gremial del 5 de agosto. En Contexto, la última mención de la causa federal es la de marzo. La citación sí la publicaron eltucumano.com y El Federalista el 15 de septiembre; el 16 la replicó Canal 13 de San Juan; el 22, Examedia.

Marzo sí, septiembre no

La Gaceta y Contexto no ignoraron el caso. Lo siguieron un año. Por eso el silencio de septiembre se mide contra lo que sí publicaron.

El 30 de septiembre de 2025, cuando la fiscalía provincial allanó domicilios a pedido de la defensa de uno de los futbolistas, Contexto abrió con un texto del abogado Gabriel Iezzi sobre la “denuncia trucha” —la contradenuncia que señalaba a Cisneros, a Neme y a Franco Venditti— y a las 22:06 publicó entero un comunicado del diputado: “La verdadera asociación ilícita es la que se armó en el Ministerio Público Fiscal…”. Las palabras eran de Cisneros. El encuadre, sin la otra parte, fue del portal.

La Gaceta tomó más distancia, y no siempre con firmeza. El 1° de octubre de 2025 escribió que “sí quedó descartado de plano que se haya tratado de una asociación ilícita”; al día siguiente, que la fiscalía no tendría elementos para confirmar o descartar esa hipótesis. Las dos frases no pueden ser ciertas a la vez. El 11 de marzo de 2026, a las 19:04, informó con detalle el pedido de indagatoria del fiscal Rafael Vehils Ruiz. Contexto lo publicó a las 19:46, sin firma.

Contexto, además, escribió lo que otros le habrían perdonado al entorno. El 6 de mayo informó que el Tribunal de Cuentas había anulado el nombramiento de José César Díaz en la Caja y sentenció, sin rodeos, que “Díaz responde al diputado Carlos Cisneros”. Cualquier explicación de su silencio de septiembre tiene que dar cuenta también de esa nota.

“Díaz responde al diputado Carlos Cisneros.”

Contexto, 6 de mayo de 2026

El viernes 11 de septiembre la Corte Suprema de Tucumán, dejó firmes los sobreseimientos de los ex futbolistas de Vélez Sarsfield. Contexto lo contó el domingo 13 en una nota que no menciona a Cisneros, a Petraglia, a Neme ni la investigación federal. La Gaceta lo publicó el lunes 14 a las 11:43 y, entre las notas relacionadas, enlazó la de marzo sobre el pedido del fiscal. Ese mismo lunes, a las 14:04, el juez firmó la citación.

Las dos redacciones conocían el expediente: habían publicado el requerimiento. La novedad no era la acusación. Era que un juez la hiciera suya. Esa es la noticia que no llegó a sus lectores.

La única explicación pública que dio La Gaceta está en boca de su secretario de redacción, Federico Van Mameren. El 3 de abril de 2026, El Federalista reprodujo una entrevista suya con el periodista Carlo Cazón en la que anticipó el criterio: “Hasta que no haya una sentencia, no la vamos a meter en este quilombo”. El diario sí publicó en marzo el pedido del fiscal, que tampoco era una sentencia. No publicó en septiembre la orden del juez, que es un acto jurisdiccional de más peso.

“Hasta que no haya una sentencia, no la vamos a meter en este quilombo.”

Federico van Mameren, entrevista con Carlo Cazón reproducida por El Federalista el 3 de abril de 2026

Los niños mimados, en números

Entre el 2 de enero de 2025 y el 25 de agosto de 2026, la actual administración provincial que conduce Osvaldo Jaldo, sus entes, la Legislatura y los organismos de control autorizaron $ 4.359.360.891,86 en 475 contrataciones de publicidad. A Contexto S.R.L. le correspondieron $ 512.678.513,87 en 13 acuerdos. A La Gaceta S.A., $ 366.209.501,27 en 24 acuerdos. El 20,2 por ciento del total: uno de cada cinco pesos.

En 2025 el primer destinatario de pauta provincial no fue el diario más antiguo: fue el portal. Contexto sumó $ 346.457.973, más de cuatro veces lo de La Gaceta ese año ($ 81.634.833). En 2026, hasta el 25 de agosto, el orden de mérito se invierte: La Gaceta $ 284.574.668, Contexto $ 166.220.541. Son pesos corrientes de cada año y no se comparan entre sí; lo que sí se compara es quién quedó primero. La serie de veinte meses la gana Contexto.

Contratista 2025–ago/2026 De dónde sale
Contexto S.R.L. $ 512.678.513,87 Caja Popular $ 343.514.092,83
Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo $ 65.977.582,18
Secretaría de Comunicación Pública $ 65.000.000
Ente Autárquico Tucumán Turismo $ 38.186.838,86
La Gaceta S.A. $ 366.209.501,27 Secretaría de Comunicación Pública $ 265.404.735,04
Legislatura $ 88.522.477,63
Turismo $ 5.852.358,60
Instituto de Desarrollo Productivo $ 2.194.930
Los dos juntos $ 878.888.015,14 20,2 % del total autorizado

No hay un documento que vincule un contrato con una decisión editorial. Esta nota no lo inventa. Hay una omisión verificable y un circuito de dinero público que tiene un nombre: la Caja Popular de Ahorros.

La Caja a Contexto y falta el detalle ausente

De todo lo que la Caja autorizó en publicidad en 2025, el 91,6 por ciento fue para Contexto: $ 261.354.068 de $ 285.466.568. En los veinte meses, la Caja aportó $ 343.514.092,83 de los $ 512.678.513,87 del portal: el 67,0 por ciento, dos de cada tres pesos. En 2023 esa misma Caja no le había pagado un peso y repartía sesenta y un contratos entre cuarenta y seis contratistas. El primer contrato con Contexto es el acuerdo 2794 del 4 de julio de 2024, por $ 18.000.000. Después, la Caja pasó de sesenta contratos a nueve.

Los cuatro contratos de la Caja con el portal, a partir de esa primera cuota, son un calendario sin huecos. La Resolución de Intervención 1375/24, del 27 de diciembre de 2024 —la firmó la intervención de José César Díaz, que Contexto describió como respondiendo a Cisneros—, contrata el sitio de enero a junio de 2025 en seis cuotas de $ 20.000.000. Dos resoluciones cubren el segundo semestre con cuotas de $ 23.559.011,38. La 1069/25, del 29 de diciembre de 2025, veinticuatro días antes de que Díaz dejara el cargo, cubre el primer trimestre de 2026 con cuotas de $ 27.386.675. Quince meses seguidos. Las fichas obligan a adjuntar, antes de cada pago, “constancias fehacientes” de la publicación. Esas constancias deben estar en el expediente.

La relación con la Caja sí se cortó con el recambio. Hasta el 25 de agosto el Tribunal no registró contrato de la nueva intervención con Contexto. El grifo que no se cerró es otro. El 13 de agosto, el acuerdo 3042 le autoriza $ 43.000.000 de la Secretaría de Comunicación Pública: la pauta de septiembre, el mes de la citación. Para entonces, Cisneros ya había dicho, más de una vez y en cámara, que con Jaldo no hablaba.

El corte que Cisneros admitió y la pauta que no se cortó

El 22 de enero de 2026 Jaldo reemplazó la cúpula de la Caja Popular —la que Contexto describió como “ligada al diputado Carlos Cisneros”— y nombró interventor a Guillermo Norry. El 7 de marzo, en Tendencia de Noticias, el diputado lo dijo sin eufemismo: “Si vos me preguntás si estoy molesto con Jaldo… sí, me duele y me molesta”. Cinco días después, con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, precisó el carácter de esa molestia: “Enfrentamiento, no tengo. Sí tengo distanciamiento y estoy dolido”. El 16 de junio, en El Avispero, fue más lejos: “Yo con el gobernador no hablo desde antes del 5 de diciembre”. Y cerró con la frase que eligió como marca: “Soy leal, soy serio, soy firme, pero no soy obsecuente… y sé leer los mensajes”.

“Yo con el gobernador no hablo desde antes del 5 de diciembre.”

Carlos Cisneros, El Avispero / Enterate, 16 de junio de 2026

El 5 de diciembre de 2025 la Policía reprimió en Concepción una protesta de bancarios. Cisneros fecha ahí el silencio. Jaldo, en junio, dijo que no tenía “absolutamente nada en contra” del diputado y que “la decisión que él tome es exclusivamente de él”. La ruptura, en público, quedó blanqueada por los dos lados.

Por eso sorprende lo que vino después en la pauta. Si el distanciamiento hubiera vaciado a Cisneros de poder dentro del Estado provincial, el mapa de la publicidad oficial debería haberse movido. En la Caja, se movió: la nueva intervención no volvió a contratar a Contexto. En Comunicación Pública, no. Esa Secretaría —la que maneja la mitad de toda la pauta y remite al anexo el 100 por ciento de sus acuerdos— le autorizó a Contexto $ 43.000.000 en agosto, para septiembre, y a La Gaceta $ 73.952.512 para el mismo mes (acuerdos 3029 y 3049). Con el corte ya declarado, en junio y en agosto La Gaceta repitió el mismo ticket de $ 58.693.712. En mayo el ticket había sido de $ 54.342.310.

No hay un decreto que diga que Cisneros sigue mandando en Casa de Gobierno. Hay un hecho más seco: después de que el diputado admitiera que no habla con el gobernador, los dos medios que concentran uno de cada cinco pesos de publicidad oficial siguieron siendo los dos primeros destinatarios de la ventanilla que menos detalle publica. Una ruptura que no toca esa ventanilla no es, o no es todavía, una pérdida de poder. Es un cambio de mostrador.

La Gaceta sí tuvo contratos con la Caja. El último grande es el acuerdo 1841 de 2022 (Resolución 320/22): veinticuatro meses, $ 78.956.304 en doce cuotas. Desde 2023 no hay un solo acuerdo de la Caja con La Gaceta S.A. Ninguno de los 146 contratos netos de publicidad de la Caja entre 2023 y 2026 pasa por una agencia: contrata siempre de manera directa con el medio. El banner de Tuqui 10 que hoy está en la portada de La Gaceta no tiene, por lo tanto, un acto público detrás en el Buscador del Tribunal. Tres hipótesis, ninguna afirmada: que el aviso se pague por una vía que no pasa por control preventivo; que lo pague un tercero (la marca, no el organismo); o que el acuerdo exista y no esté publicado. Cualquiera de las tres es un problema de transparencia.

Trece organismos contratan pauta a discreción. Tucumán no tiene ley de publicidad oficial. En ninguna de las 475 fichas hay dato de audiencia ni una explicación de por qué se eligió ese medio. Contrataciones por $ 3.004.009.486,66 —el 68,9 por ciento del dinero, casi siete de cada diez pesos, 326 de 475 acuerdos— remiten a un anexo que el buscador del Tribunal no publica. En 2025 esa proporción fue del 58,1 por ciento; en 2026, del 76,2. La Secretaría de Comunicación Pública remite al anexo en todos sus acuerdos, sin una sola excepción: 301 de 301.

No es inevitable. Las fichas de la Caja, de la Legislatura y del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo no mandan anexo: 0 de 87. Dicen el sitio, los meses, la cuota y el tamaño del banner. Misma provincia, misma ley, mismo Tribunal.

Lo que está probado y lo que no

Esta nota no prueba que la pauta haya comprado el silencio de nadie. Tampoco sostiene que Cisneros sea culpable: la indagatoria es el acto en que un imputado se defiende, y la Corte provincial que dejó firmes los sobreseimientos de los futbolistas no juzgó a nadie por haber fabricado una denuncia.

Lo que sí está documentado es esto. El 14 de septiembre, a las 14:04, un juez federal citó a Cisneros, a Neme y a Petraglia. El 30, a las 9:30, el diputado debe declarar. La Gaceta y Contexto publicaron el pedido del fiscal en marzo y, once días después de la orden del juez, no habían publicado esa orden. Son los dos mayores destinatarios de publicidad oficial de Tucumán. Contexto obtuvo de la Caja —el territorio histórico de Cisneros— dos de cada tres pesos de su pauta, en quince cuotas de la intervención de Díaz. En la causa provincial y en la federal aparecen, de los dos lados, los mismos abogados.

A La Gaceta y a Contexto les cabe una sola pregunta que el lector puede verificar solo: por qué informaron el pedido y no la decisión. Hasta que respondan, el lector de Tucumán sabe cuánto se autorizó y a quién. No sabe qué se compró. Y no se enteró, por esos dos sitios, de que el dirigente más influyente de los últimos treinta años fue citado a indagatoria por un juez federal.

Documentos.

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