El Concejo Deliberante de Yerba Buena aprobó y promulgó la ordenanza que establece la realización de controles toxicológicos obligatorios y aleatorios para funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal y concejales. La medida, que unificó las iniciativas presentadas por los ediles Mauricio Argiró y Guillermina Garolera, fue sancionada tras una votación dividida que requirió el voto de desempate de la presidencia del cuerpo deliberativo. De acuerdo con las estimaciones de los impulsores de la norma, la fase operativa del esquema de monitoreo comenzará durante el mes de octubre, una vez concluidas las licitaciones administrativas para la contratación del servicio de laboratorio especializado.
El diseño del procedimiento se estructurará mediante un sistema de sorteo al azar que determinará la nómina de funcionarios y ediles convocados periódicamente para los exámenes. Las notificaciones se cursarán con un margen de 24 horas de antelación para garantizar la efectividad de las pruebas clínicas. «Es un análisis aleatorio, asimilable a los controles antidoping del deporte. No es voluntario, sino de carácter obligatorio», explicó el concejal Argiró, quien argumentó que la norma busca certificar la idoneidad psicofísica y la capacidad analítica de quienes ocupan responsabilidades públicas de toma de decisiones.
En el marco de la reglamentación, la ordenanza contempla la intervención de entidades bioquímicas acreditadas para el procesamiento de las muestras y el resguardo de la cadena de custodia de las evidencias biológicas. En relación con el alcance de la política de prevención de adicciones e integridad pública, desde el bloque oficialista municipal expresaron la intención de que este marco normativo sirva de antecedente para promover iniciativas similares en el resto de los municipios, la Legislatura provincial y el Poder Ejecutivo de Tucumán.
